Piden 24 años de prisión para ex Presidente

El Ministerio Público de Costa Rica pidió ayer a un tribunal penal, una condena de 24 años de cárcel para el ex presidente Rafael Ángel Calderón (1990-1994), acusado de los delitos de peculado y corrupción junto a otras siete personas.

Calderón enfrenta un proceso judicial por haber recibido regalías ilegales, junto a los otros imputados, por una transacción entre la estatal Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y la compañía finlandesa Instrumentarium Medko Medical, por 39.9 millones de dólares.

El dinero de la transacción provino de un crédito del gobierno de Finlandia a la CCSS en cuya aprobación intervinieron Calderón y otros acusados, los cuales se repartieron 9 millones de dólares en comisiones, según la Fiscalía.

Acusación

Calderón, líder del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y virtual candidato presidencial para las elecciones de febrero de 2010, habría presionado a los diputados de esa agrupación en la Asamblea Legislativa para que aprobaran el empréstito finlandés a inicios de la presente década.

La Fiscalía aseguró, en sus conclusiones, que Calderón y varios de los procesados distorsionaron las solicitudes de equipo que requerían varios hospitales para adecuarlas a las ventas que precisaba concretar la empresa finlandesa.

Las regalías, que incluyeron a funcionarios públicos y privados, habrían sido depositadas en cuentas bancarias en Estados Unidos y Panamá en distintas ocasiones. Otros imputados en el juicio, que se inició hace nueve meses y en el que declararon casi 150 testigos, son Eliseo Vargas, Gerardo Bolaños y Juan Carlos Sánchez, que ocupaban altos cargos en la CCSS.

Otros implicados

También figura Walter Reiche Fischel, presidente de la empresa costarricense por medio de la cual se hizo la compra y distribución del equipo. Para todos ellos, la Fiscalía pidió también 24 años de prisión por los delitos de peculado y corrupción.

A Eliseo Vargas, Gerardo Bolaños y Juan Carlos Sánchez los vinculó con dos delitos de corrupción agravado y cohecho propio.

Para Walter Reiche Fischel, vicepresidente de la Corporación Fischel, se solicitó una pena de cuatro años por los delitos de peculado y penalidad del corruptor. Juan Carlos Cubillo justificó la baja pena al arrepentimiento mostrado por el imputado durante el debate.

En tanto, para Randall Vargas se solicitó tres años y seis meses por los delitos de destrucción de documentos y dos falsedades ideológicas.