Trasladarán frecuencia de canal 8 a Elías Asfura

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) determinó entregar la frecuencia del canal 8 al empresario Elías Asfura, tras una larga batalla salpicada de corrupción.

La información fue confirmada por el comisionado presidente de Conatel, Miguel Angel Rodas. "Nosotros estamos en este momento dando seguimiento a disposiciones judiciales que existen al respecto, sentencias del Poder Judicial" que ya fueron agotadas, explicó.

"Nuestros abogados se han reunido con apoderados del señor Elías Asfura para llegar a un acuerdo y dar cumplimiento a estas sentencias como corresponde. Debemos ser respetuosos del Poder Judicial", reiteró Rodas.

"Estamos dando cumplimiento a esa sentencia dentro de los plazos que corresponden de acuerdo a la ley, garantizando que no va a haber interrupción del servicio que presta el Estado a través de Televisión Nacional de Honduras", que seguirá operando, dijo Rodas a una emisora capitalina.

En 2005, Asfura, propietario de la empresa Teleunsa, solicitó a Conatel la frecuencia de canal 8, pero la estatal se la negó. A partir de ahí inició una batalla legal que aparentemente culminaría en mayo de 2007, cuando el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo dio la razón a Teleunsa.

Conatel recurrió ante la Corte de Apelaciones, que también falló a favor Teleunsa, a lo que siguió un recurso de casación de Conatel ante la Corte Suprema de Justicia. El fallo a favor de Teleunsa fue ratificado por el máximo tribunal.

No obstante, el gobierno ignoró la resolución y comenzó a sacar una señal del que posteriormente sería el canal oficial de Poder Ciudadano.

Lo irónico del caso es que fue el entonces titular de Conatel, Rassel Tomé, quien avaló la transferencia de la señal a Teleunsa. Luego, en su calidad de apoderado legal de la misma Conatel, acusó a Teleunsa de querer quitarle la señal al gobierno.

Por el caso, Tomé fue acusado ante la Fiscalía contra la Corrupción, que le dictó medidas cautelares, por suponerlo responsable del delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública.