"No se negociará amnistía para nadie"

La decisión del gobierno de Roberto Micheletti es firme: no habrá amnistía para nadie y el retorno de Manuel Zelaya al poder no es posible porque se violentaría el marco constitucional del país.

Bajo esta posición, firme en la defensa de la institucionalidad, de la independencia de poderes y del respeto al derecho interno, Honduras recibe este día una comisión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El objetivo de los cancilleres es alcanzar un arreglo político que permita restituir en el poder a Manuel Zelaya Rosales, sin embargo, todos los poderes del Estado han concluido que el pacto de San José solo será posible si en cada uno de sus 13 considerandos se apega a las leyes y a la Constitución.

Arturo Corrales, miembro de la comisión negociadora nombrada por el gobierno de Roberto Micheletti, expresó que la posición es firme en el sentido de que todos los sectores deben someterse a la ley, por tanto, la posibilidad de una amnistía es no negociable.

A su juicio, la solución a la situación política es muy fácil: "apliquemos la ley".

El canciller Carlos López Contreras asegura que la mediación de San José no tiene facultades arbitrales o judiciales.

Afirmó que en los próximos días, y tal y como lo prometió en la última reunión de trabajo, se hará llegar al presidente Óscar Arias las observaciones de cada una de las instituciones que tienen vinculación con los alcances de su propuesta de solución a la situación política del país.

En esta última reunión de trabajo, la delegación de Manuel Zelaya declaró que "el acuerdo de San José ha fracasado" y de inmediato hicieron los preparativos para que el ex presidente regresara por tierra al país.

En esa oportunidad, toda la comunidad internacional apeló al principio del "estado de necesidad", en el sentido de que Zelaya no intentara entrar a su país sin un acuerdo pacífico finiquitado.

En teoría y en la práctica, tanto los militares como la comunidad internacional se fundamentaron en la misma necesidad de mantener fuera del país al ex gobernante para evitar un baño de sangre.

Vilma Morales, ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, reconoció que este principio de Estado de Necesidad, deberá ser algo que tendrá que asimilar la comunidad internacional.

Sin embargo, advirtió que hay antecedentes. Por ejemplo, indicó que cuando se inició una acción legal contra José Simón Azcona por permitir la expatriación de Ramón Mata, en su defensa simple y sencillamente afirmó que permitió su salida para hacer un bien a la salud de los hondureños.

El canciller López Contreras coincidió que el retorno de Manuel Zelaya a la presidencia no tiene sustentación jurídica y es incompatible con el derecho internacional, ya que fue legal y constitucionalmente sustituido en el poder.

En ese sentido, el abogado Mauricio Villeda, quien también integra la comisión negociadora del gobierno, ha explicado que durante la visita a Washington se reunieron con personeros del Departamento de Estado, embajadores de la OEA, congresistas y senadores de Estados Unidos.

A todos ellos se les planteó, con pruebas contundentes, que la decisión de la OEA de suspender a Honduras fue injusta y un grave error, en virtud que el mismo Acuerdo de San José reconoce la necesidad de nombrar una comisión de la verdad para "esclarecer" los acontecimientos ocurridos antes y después del 28 de junio.

Desde el momento que se habla de "esclarecer", eso indica que había mucho que investigar y aún así, en una acción precipitada, suspendieron a Honduras sin derecho a la defensa.

Villeda explicó que hay tres factores que demuestran que en el país se actuó en apego a la Constitución.

En primer lugar, el artículo 239 de la Constitución establece que cesan de inmediato en sus cargos los que promuevan reformas o quebrante la disposición sobre quienes pueden ser presidentes.

Hay pruebas suficientes de que Zelaya no respetó el derecho interno, al ignorar las resoluciones judiciales y declararse por encima de los demás poderes del Estado.

Asimismo, hay videos en los que Zelaya, desde las gradas de Casa Presidencial, admitió que con la Constituyente buscaba el continuismo presidencial.

La comisión planteó en todas las reuniones con personeros de Washington que todas las decisiones se tomaron en apego a la ley y que, por tanto, no podía castigarse a un país por actuar en base a lo que sus propias leyes establecen.

"Nadie puede desconocer el derecho interno", dijo Villeda, quien indicó que la comunidad internacional reconocía ese principio y por eso ahora apelan a la posibilidad de alcanzar un acuerdo político.

Analistas han afirmado que la OEA cometió un grave error al aprobar una resolución que ni siquiera reconoce que las actuaciones se hicieron en apego al derecho interno.

Es por eso que, aseguran, la salida más viable que han encontrado para subsanar su error es sacrificar al país y tomar a Honduras como "el conejillo de indias de la carta democrática".

En ese sentido, la misión de la OEA se enfoca en alcanzar un arreglo político que permita el retorno de Zelaya, sin embargo, la posición unánime de la sociedad hondureña es que Manuel Zelaya debe llegar al país para enfrentarse a la justicia.

El análisis de la Corte Suprema de Justicia establece que no es posible el retorno de Zelaya si tiene causas pendientes con la ley y ratifican que cualquier pacto que se haga tiene que ser en el marco de la Constitución y las leyes.

La Corte manifiesta que la única forma de finalizar procesos penales contra Zelaya o suspenderlos, debe pasar por el respeto a la legalidad del orden jurídico.

A Zelaya se le dictó orden de captura por los delitos de atentar contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones.

Quiénes vienen y la agenda

Es así que los cancilleres que visitan el país deberán proponer soluciones en base a la Constitución, situación complicada porque varios puntos de la propuesta Arias chocan con el estricto apego a la ley.

Para el caso, se habla de un gobierno de reconciliación, pero la misma Constitución establece que es potestad del presidente nombrar y sustituir funcionarios.

La comisión de cancilleres la conforman: de Canadá, Peter Kent; de Argentina, Jorge Taiana; de Costa Rica, Bruno Stagno; de Jamaica, Kenneth Baugh; de México, Patricia Espinosa; de República Dominicana, Carlos Morales Troncoso. A ellos se sumó el canciller de Panamá, Juan Carlos Varela, según versiones de prensa.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, también acompañará la delegación en calidad de observador.

El canciller Varela consideró que "los contactos de Panamá han coadyuvado a mejorar la comunicación del proceso de mediación de San José y esperamos que, producto de los mismos, las partes logren resolver pacífica y democráticamente sus diferencias".

La llegada de la comisión se espera que ocurra al filo del mediodía de hoy. Al parecer estarán en el país una semana.

La semana pasada estuvo en el país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su informe, la CIDH dejó al descubierto las mentiras de Manuel Zelaya y sus seguidores, quienes han afirmado al mundo que había decenas y hasta centenares de muertos producto de la situación política.

La CIDH en su reporte pide investigar la muerte de cuatro personas y descubrir quiénes fueron los responsables de estos fallecimientos.

La cancillería de Argentina emitió un comunicado y dice que: "la delegación de la OEA se reunirá con distintas instancias públicas y privadas a fin de impulsar la suscripción del Acuerdo de San José impulsado por el presidente costarricense Óscar Arias".

Seguidamente apunta que: "La agenda de la delegación no se limitará al ámbito público. Incluye también reuniones con representantes de la iglesia católica, las iglesias evangélicas, los empresarios, los trabajadores, los candidatos presidenciales y distintas organizaciones de la sociedad civil".

Esta comisión viene más abierta que la CIDH: Cancillería

Para la vicecanciller Marta Lorena Alvarado, esta comisión es "más abierta" que la que visitó el país la semana anterior a fin de verificar el respeto de los derechos humanos.

"Básicamente la agenda la hacen la OEA en conjunto con la comisión negociadora del gobierno, es más abierta que la de la CIDH"

"Yo no sé (su agenda) pero es una visita muy compleja, nosotros somos muy abiertos, muy respetuosos y confiamos en que se entienda a nivel internacional la situación", dijo.

Consultada sobre el análisis jurídico de la Corte de Justicia, relató que "es muy oportuna pues hace un llamado a la comunidad internacional para que sustenten (sus posiciones) en la ley". La vicecanciller lamentó que esta visita de cancilleres se haga en estos momentos. "A nuestro juicio esto se hubiera hecho antes de haber suspendido a Honduras de la OEA. Conocerán que hemos actuado en base a derecho y el respeto del imperio de la ley".