Deducirán responsabilidad por corrupción y saqueo en el FHIS

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) deducirá responsabilidades civiles y administrativas por desvío de al menos 230 millones de lempiras del FHIS a Casa Presidencial.

Según investigaciones, el ex presidente Manuel Zelaya emitió, en Consejo de Ministros, injustificados decretos de emergencia para sacar del FHIS unos 30 millones de lempiras para usarlos en Presidencial, para gastos de publicidad mediante contratación directa.

El informe elaborado por el TSC se hizo durante el período del 1 de octubre al 30 de diciembre de 2008. "En ese hecho hay algo que llama la atención, que hay dos decretos con el mismo número de la misma fecha, pero que dicen cosas diferentes", manifestó Renán Sagastume, presidente del TSC. Uno de ellos dice que es el FHIS el que debe hacer directamente la contratación y en el otro dice que se traslade 30 millones al Ministerio de la Presidencia.

"Uno de los dos es incorrecto o está alterado, no sabemos cuál de los dos es el alterado, pero ahí hay 30 millones más en gastos fundamentalmente de publicidad y para realizar encuestas", expresó.

En el informe, el TSC llega a una conclusión: "Es evidente en nuestra revisión que existió violación a la Constitución de la República y las leyes y reglamentos aplicables al sector público, de parte de los funcionarios y empleados enunciados en este informe".

En ese sentido se notificarán responsabilidades civiles y administrativas al ex director del FHIS, César Salgado, y otros cuatro ex funcionarios de esa entidad que autorizaron pagos y emitieron cheques. Asimismo, se analiza la deducción de responsabilidades a ex funcionarios que integraron el Consejo de Ministros del gobierno de "Mel" por autorizar injustificados decretos de emergencia.

Negligencia en 90 millones

Por otro lado, el TSC inició investigaciones de la declaración confesa del ex presidente Manuel Zelaya, quien asegura que entregó 90 millones de lempiras en efectivo a las Fuerzas Armadas para el ilegal proyecto de la cuarta urna.

"Esto se está investigando, aquí hay dos cosas, lo primero que hay una aceptación expresa del señor Zelaya que tenía en su poder 90 millones de lempiras, hay un principio en el derecho de que ‘a confesión de parte, relevo de pruebas’, ahora, de dónde salieron esos 90 millones, de una transferencia presupuestaria, de una partida o fondos privados", manifestó el magistrado.

De ser fondos públicos no existen comprobantes de entrega del dinero.

"Eso viene a denotar un manejo negligente de fondos públicos. Simplemente entregar recursos presupuestarios en efectivo demuestra una irregularidad, eso es una anormalidad", dijo.

En este caso el investigado es el ex presidente Zelaya. "El investigado es primero la persona que ha confesado que tenía 90 millones de lempiras", expresó.