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Obama y Arias siguen sin atinar en la crisis

Honduras, 01.10.14 - José R. Argueta, Ph.D. : diarioSPAMFILTER@elheraldo.hn

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José R. Argueta, Ph.D.

Como analista del sistema político hondureño, me ha sorprendido y decepcionado la posición del gobierno de Obama con respecto a la actual crisis política en Honduras. En un intento más por forzar el retorno al poder del derrocado presidente Zelaya, propuesto por el Plan Arias, el gobierno de Obama ha anunciado la suspensión de ayuda económica y ha incluso amenazado con no reconocer las próximas elecciones presidenciales en Honduras. Esta es sin duda una posición errónea, y me sorprende mucho que los gobiernos estadounidense y costarricense aún no hayan podido descifrar bien la crisis y adoptar una posición acertada.

Sin duda es entendible que la primera impresión de ver a militares, en lugar de policías, capturando a Zelaya fue que un golpe de estado militar se había producido en Honduras. Sin embargo, las primeras impresiones pueden ser engañosas. La captura de Zelaya no fue una iniciativa de los militares hondureños sino el enforzamiento de una decisión judicial totalmente legal, basada en los artículos 205, 239 y 313 de la Constitución hondureña.

Aun así, las Fuerzas Armadas sí violaron la Constitución al enviar al capturado presidente Zelaya al exilio a Costa Rica. Sin embargo, esa decisión no fue parte de la orden del tribunal, sino más bien una decisión tomada por la cúpula militar. Y a pesar de que estos dos eventos -la captura de Zelaya y su exilio- pueden percibirse como un solo evento, estos deben ser considerados separadamente para permitir un mejor análisis y el arribo a una solución adecuada.

A pesar de que Zelaya fue ilegalmente enviado al exilio por el Ejército, su arresto, ordenado por los tribunales, fue completamente legal, así como su reemplazo por Micheletti (de acuerdo al artículo 242). Por lo tanto, insistir en el retorno de Zelaya al poder es irrespetuoso de la Constitución hondureña y del sistema jurídico, y es precisamente la razón por la cual el actual Gobierno, principalmente el Poder Judicial, no puede aceptarlo. Los presidentes Obama y Arias no deben intentar corregir una presunta violación de la Constitución hondureña obligando al gobierno interino hondureño a ignorar una decisión de las cortes y, por lo tanto, violar la Constitución misma que ellos pretenden defender.

Es importante aclarar en este momento que los jueces de la Corte Suprema hondureña no se seleccionaron a través de algún procedimiento oscuro o antidemocrático, propenso a la manipulación política. Al contrario. Los quince jueces de la Corte Suprema hondureña fueron seleccionados por el Congreso de una lista de 45 candidatos propuestos por la sociedad civil, como resultado de una reciente reforma destinada a hacer el Poder Judicial más equilibrado ideológicamente y más independiente políticamente. Por lo tanto, no se puede atribuir ningún prejuicio político o ideológico a las decisiones de la Corte Suprema de Honduras.

Teniendo en cuenta este progreso en la administración de justicia, la posición de Estados Unidos y Costa Rica debería ser fortalecer aun más el estado de derecho en Honduras, no socavarlo.

En mi humilde opinión, los presidentes Obama y Arias deben promover vigorosamente, primero, una aclaración completa de la serie de eventos a la luz de la Constitución hondureña y demás leyes. Y en segundo lugar, exigir que los tribunales hondureños castiguen efectivamente a todos aquellos que violaron las leyes.

En consecuencia, los Estados Unidos y Costa Rica no deben forzar un regreso incondicional al poder de Zelaya sin antes este haber encarado un juicio abierto y justo en Honduras; quizás supervisado por la comunidad internacional para garantizar su credibilidad. Solo entonces, si fuera absuelto, podría y debería Zelaya volver al poder.

De la misma manera, los militares hondureños deben enfrentar juicio por el envío de Zelaya al exilio, lo cual violó el artículo 102 de la Constitución. Algunos miembros del Congreso Nacional también deben ser investigados y sometidos a juicio por la falsificación de una carta de renuncia supuestamente firmada por el Sr. Zelaya, la cual fue leída y aceptada por el Congreso inmediatamente después de que Zelaya fuese expulsado.

Lograr que todos los implicados en la crisis sean sometidos a un juicio justo es lo que todos los hondureños ansiamos. Ya hemos tenido demasiada impunidad en Honduras. Fomentar el imperio de la ley no solo ayudará a resolver la crisis actual sino que también establecerá un precedente importante: que las elites políticas y militares si pueden ser juzgadas efectivamente en Honduras… por fin.

Esta es la posición correcta que los Estados Unidos y Costa Rica deberían adoptar.

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