El tema de la Constituyente no debe ser abordado como solución a la crisis

El analista Raúl Pineda Alvarado ha advertido que hay aspectos que no deben ser negociables para resolver la actual crisis política, como la Constitución de la República y la restitución del ex presidente Manuel Zelaya, sin ningún trámite o formalidad jurídica.

A juicio de Pineda Alvarado, no se debe permitir la restitución inmediata de Zelaya, sino hasta después de las declaratoria de las elecciones del 29 de noviembre, ni tampoco debe negociarse convocar a futuro a una Asamblea Nacional Constituyente para permitir la reelección.

La solución de la crisis debe ser avalada por la comunidad internacional y no dejar que algo se resuelva a capricho de los políticos que siempre defienden sus intereses personales, opina el ex diputado al Parlamento Centroamericano y consultor jurídico.

Pineda Alvarado responde a varias interrogantes que el pueblo hondureño se hace con motivo de los últimos movimientos en la tabla del ajedrez político: el retorno de Zelaya, la intervención de los candidatos presidenciales y la anuencia al diálogo por parte del presidente Micheletti y del depuesto Zelaya, así como los escenarios posibles en que intervendría la comunidad internacional.

¿Estamos a las puertas de la solución de la crisis que tiene su origen el 28 de junio? La solución a la crisis política de Honduras debe buscarse al interior del país... Creo que hay un gran avance cuando el presidente Micheletti y el mismo Zelaya han accedido a dialogar y concluir en que los grandes actores de este drama somos los hondureños y que no son el señor Insulza, tampoco la señora Clinton, ni muchos menos el presidente Arias, tampoco Barak Obama y Hugo Chávez los que impondrán una solución.

Los hondureños debemos buscar puntos de advenimiento y uno de estos puntos es el respeto a las elecciones del 29 de noviembre.

En el marco del diálogo, ¿cree que sea conveniente que se plantee en la mesa de negociación la constituyente, tal como lo proponen el ex presidente Zelaya y sus seguidores? La Constitución de Honduras, bajo la situación política actual, no es un instrumento negociable ni factible de modificación. El que lo haga estaría cometiendo un suicidio político.

Honduras ya ha vivido experiencias históricas aleccionadoras y traumáticas. En el gobierno de Suazo Córdova se quiso convertir el Congreso ordinario en una Constituyente. Se violentó la Constitución de la República; en el caso de las elecciones "opción B"; luego cuando Luis Cosenza ganó las elecciones y Maduro resultó ser el candidato y posteriormente presidente.

En este momento la idea es mantener la seguridad jurídica, no acomodando el texto constitucional a la voluntad de los políticos que tienen determinados intereses. El tema de la constituyente no debe ser abordado como solución de esta crisis.

Pensar en la posibilidad de sujetar la Constitución al capricho y al interés personal de los políticos o de un político que no ha sido un buen modelo como tal y de su grupo de amigos, no es una solución a la crisis política actual.

¿Qué aspectos deben ser considerados por ambas partes? Uno es que, de considerarse el retorno de Manuel Zelaya Rosales a la Presidencia, no puede darse antes de la declaratoria de elecciones por parte del Tribunal Supremo Electoral, porque su acceso de nuevo al poder pondría en grave riesgo la existencia de las elecciones del 29 de noviembre.

El otro aspecto importante tiene que ver con ampliar los espacios de participación de los seguidores de Zelaya a través de la candidatura de Carlos H. Reyes, proyecto de ley que ya fue presentado al Congreso Nacional por el diputado Rodolfo Irías Navas.

El tercer componente tiene que ver con la solución de los problemas legales que enfrenta Zelaya en los tribunales de la República. El reto de Zelaya es resolver su problemática judicial y buscar la manera de salir absuelto o demostrar que no tuvo que ver con los delitos que le imputan.

¿Por qué Zelaya no puede ser restituido en este momento? A nivel internacional se ha buscado una solución simplista que pasa por restituir a Zelaya a la Presidencia sin ningún trámite o formalidad, lo que nos pondría en una situación igual o peor a la del 28 de junio porque hay que recordar que el ex presidente tiene órdenes de captura; al ser puesto en la Presidencia, inmediatamente sería requerido judicialmente y la policía procedería a su captura; como consecuencia volveríamos a la situación de peligro en que estuvimos el 28 de junio y que ha provocado una serie de saqueos, actos vandálicos, destrucción de propiedad, violación de derechos de ciudadanos honestos y trabajadores escenificados por las bandas que patrocina el zelayismo.

¿Cree usted que Zelaya es un peligro para el proceso electoral? Claro que sí, porque la presencia de Manuel Zelaya 24 horas en la presidencia de la República implica el riesgo de que no haya elecciones y que desde el poder, por designación, sin ninguna consulta popular, se vaya a instalar una Asamblea Nacional Constituyente cuyo primer decreto sería nombrar a Zelaya como presidente provisional por algunos años. Recuerde que Zelaya no ha venido a inventar nada, todo lo que ha hecho es un calco del procedimiento utilizado por Chávez en Venezuela, Correa, en Ecuador y Evo Morales en Bolivia.

¿Cualquier solución a la crisis debe ser avalada por la comunidad internacional?

Cualquier arreglo deberá tener el aval de la comunidad internacional, de hecho, el plan de San José contempla una comisión de verificación y una comisión de la verdad. Es un reto para el próximo Congreso definir un mecanismo que permita establecer que nunca jamás volverán a repetirse estas situaciones y definir constitucionalmente un proceso judicial para los funcionarios titulares de los poderes del Estado que violenten la Constitución de la República.

Hasta este momento hemos aprendido que la comunidad internacional no tiene capacidad para entender lo que pasó en Honduras, las peculiaridades del sistema político electoral de Honduras tienen sus características tales que en otros países no entienden, por ejemplo, que los altos funcionarios del estado no tienen inmunidad y que aquí no existe el juicio político; que un presidente por el solo hecho de proponer una reforma de un artículo pétreo pueda cesar de manera inmediata en el ejercicio de su cargo y ser juzgado sin ningún privilegio, prerrogativa o formalidad diferente a la de un ciudadano común y corriente.

En ese sentido, siento que Zelaya enfrenta un gran reto: la sociedad en términos generales atribuye los actos de violencia a su presencia en Honduras y él tiene que enviar un mensaje claro al pueblo hondureño de que antes de ser un político es un ciudadano que ama a su país y que considera que la paz y la estabilidad de la nación están por encima de cualquier interés personal.

* Las soluciones:

Legal. Que Zelaya resuelva provisionalmente sus problemas legales hasta pasadas las elecciones y que aproveche este tiempo para acudir a los tribunales buscando una medida cautelar de arresto domiciliario.

Política. Que el Tribunal Nacional de Elecciones viabilice la participación en las elecciones de los seguidores de Manuel Zelaya, incorporándolos en las candidaturas de alcaldes y diputados en la planilla independiente de Carlos H. Reyes.

El reconocimiento. Se tiene que considerar que el Congreso de Estados Unidos acaba de establecer que lo sucedido en Honduras no fue un golpe de estado, como sistemáticamente se ha pretendido dar a conocer en la comunidad internacional.