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Está prohibido reunirse para actos ilícitos

Ministerio Público
28.09.09 - Actualizado: 29.09.09 10:04am - Redacción: redaccion@elheraldo.hn

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Tegucigalpa,

Honduras

La suspensión de garantías constitucionales decretada por el Poder Ejecutivo es necesaria y correcta, dijo ayer el abogado constitucionalista Rigoberto Espinal Irías.

"Se necesita restringir la difusión de mensajes que incitan a la violencia, que llaman a la insurrección y que están creando una situación de pre guerra civil, eso no es beneficioso para el país", manifestó el catedrático y asesor legal del Ministerio Público (MP).

"Algunos creen que el uso de la libertad de pensamiento significa denigrar, mentir, confundir, retorcer los hechos para plantearlos de manera que confunda, hacer una desinformación, señalar hechos que no han ocurrido, mintiendo descaradamente, ofendiendo el honor y la dignidad de las personas", detalló.

"Por otro lado, la protección a la vida y a la seguridad de bienes, eso es necesario hacerlo dentro de los parámetros constitucionales, tal como lo está estableciendo este Decreto, que en su momento debe de ser puesto en conocimiento del Congreso Nacional, para hacer enmiendas, si las necesita, aprobarlo o improbarlo", añadió. Indicó que en un estado de excepción, la ciudadanía que debe pedir autorización a la entidad competente, Alcaldía o Policía, para reunir en un lugar a más de 20 personas, como ya lo dispone la Ley de Policía y Convivencia Social.

Se excusan reuniones de pública notoriedad, licitud y moralidad, como reuniones religiosas, clases y encuentros deportivos. Lo que es prohibido es tener reuniones sin autorización, con propósitos ilícitos.

"Son medidas necesarias, se ve algo molesto. Cuando hay una patología grave, la medicina a veces tiene mal sabor, pero eso es lo que conduce a un estado de salud", expresó Espinal al justificar la restricción de garantías.

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El abogado Rigoberto Espinal, quien es asesor legal del Ministerio Público, considera que la decisión del Ejecutivo es justificable.
El abogado Rigoberto Espinal, quien es asesor legal del Ministerio Público, considera que la decisión del Ejecutivo es justificable.

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