La medida es inconstitucional e ilegal y debe ser revocada

La fiscal especial de Derechos Humanos, Sandra Ponce, calificó de injustificado el decreto PCM-M-016-2009, emitido por el Poder Ejecutivo, que suspende cinco garantías constitucionales.

"Causa preocupación el hecho de que un decreto como este restringe las libertades de los ciudadanos; la Fiscalía considera que hay suficiente mérito para que se entre en el análisis de la situación sobre la legalidad, constitucionalidad y racionabilidad de esta medida", expresó Ponce.

"El Estado está obligado a respetar las libertades ciudadanas, solamente excepcionalmente debe tomar medidas restrictivas que deben ser exahustivamente razonadas y justificadas, sobre todo con decisiones transparentes, a mi juicio no se justifica el decreto", subrayó.

Para el caso, a la fiscal le llama la atención que el decreto no fue suficientemente publicado, causó sorpresa en la población e inicia con el cierre de varios medios de comunicación, ordenado por Conatel.

A juicio de la fiscal es "inconstitucional" el cierre de medios, puesto que el artículo 73 constitucional, en términos absolutos, prohíbe el cierre de medios radiales, televisivos y escritos.

"A nuestro juicio la medida es ilegal, es inconstitucional y debe ser revocada", puntualizó.

En lo que respecta a la suspensión de libertad de reunión para más de 20 personas, la Fiscalía interpreta que ahora, cualquiera sea el caso, como misas, cumpleaños o encuentros deportivos, se tendrá que pedir permiso a la Alcaldía o Policía.

"Es lo que dice el decreto, que se regula el derecho de reunión y que va a tener que solicitarse autorización. Es una medida restrictiva de las libertades ciudadanas, aunque la Constitución posibilita que estas libertades sean restringidas, ya la misma Constitución indica en qué casos", manifestó.