Honduras
La independencia del actual Congreso Nacional, lograda a través de la correlación de las fuerzas políticas, fue un factor relevante para la preservación del sistema democrático, sostiene Jorge Aguilar Paredes, presidente del partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu- SD).
Este Congreso nunca fue sometido por el Poder Ejecutivo como ocurrió en otros períodos constitucionales y eso se debe a que el partido de gobierno (liberal) no obtuvo mayoría de diputados y tuvo que forjar alianzas para sostener la gobernabilidad del Poder Legislativo, opinó el político pinuista.
¿Cuál es la importancia de mantener un Congreso Nacional independiente y no sometido a otros poderes del Estado? En el caso hondureño y especialmente al tenor de esta crisis política, el hecho de que el Congreso no estuviera sometido al Poder Ejecutivo, como tradicionalmente ha ocurrido en otros gobiernos, permitió que se discerniera alrededor de la intencionalidad del presidente depuesto, Manuel Zelaya, de inducir al país a otro modelo de gobierno.
Además que el partido de gobierno no logró la mayoría en el Congreso también se presentó el fenómeno de la división dentro de la bancada oficialista. Eso permitió aún mayor independencia.
En esta crisis política, ¿cómo cree usted que reaccionarán estas fuerzas legislativas en el caso de la restitución o no de Zelaya? Yo pienso que los congresistas deberán apegarse a la ley, por tanto es sintomático que el caso haya sido remitido a las instancias judiciales para conocer la opinión jurídica y resolver conforme a derecho. Es cierto que la opinión de la Corte Suprema de Justicia no es vinculante, pero debe respetarse la ilustración que se haga de la parte jurídica, pero en este caso también deberá tomarse en cuenta el componente político, el que jugará un papel importante en la solución de la crisis.
¿Concibe usted un Congreso Nacional que ayer dijo sí y hoy dirá no sobre un mismo tema? Pienso que el Congreso Nacional deberá de ratificar lo actuado el 28 de junio cuando hizo la sucesión en el gobierno ante la falta del presidente Zelaya, que en su momento fue señalado de violar la Constitución.
¿Si la opinión de la CSJ no es vinculante, qué se debe esperar que decidan los diputados? Yo creo que si se está exigiendo el cumplimiento de la Constitución y las leyes, una opinión jurídica de un órgano judicial debe de respetarse. La misma Constitución establece la independencia y autonomía de los poderes del Estado, sin injerencia de uno sobre el otro; no obstante, al tenor de la complementariedad, el informe de la CSJ será ilustrativo y ayudará a que los diputados tomen una opinión apegada a la Constitución como lo establece el mismo acuerdo Tegucigalpa-San José.
¿Tendremos que esperar una opinión apegada a derecho por parte de los magistrados de la CSJ? Tiene que ser así, los magistrados son los garantes de impartir justicia y que se cumpla la Constitución y demás leyes.
¿A su juicio, el Congreso Nacional tiene en sus manos una papa caliente? Claro que sí, está en una posición difícil porque de un lado está la parte jurídica y por otro lado está la cuestión política, estamos a dos semanas y media de las elecciones generales y muchos diputados se juegan su futuro político cuando la mayoría va por la reelección, por tanto están sujetos a tomar una decisión difícil.
No obstante, el acuerdo no establece plazos. Hay quienes piensan que la decisión podrá alargarse hasta después de las elecciones. ¿Usted qué piensa? Podría ser que el Congreso Nacional decida hasta después de las elecciones, ya que se trata de un tema muy controversial y comprometedor para la vida nacional.
¿Qué lecciones podemos extraer de esta crisis política, según su criterio? Varias lecciones: en primer lugar que nadie está por encima de la ley y que se debe respetar la Constitución y las leyes. Luego queda en evidencia la inconformidad de la población en cuanto al déficit que hay en materia económica, política y social.
Por otro lado, esto ha dejado en evidencia la necesidad de fortalecer institucionalmente al país y que la clase política debe cambiar y que los ciudadanos no deben permanecer abstraídos del acontecer nacional, sino involucrarse para exigir el cumplimiento de la ley.
¿Qué nos deja esta crisis?
Nos deja la sensación de que estuvimos al borde de una guerra civil, de caer en las garras del totalitarismo, pero también la otra lección de que la clase política no debe ser excluyente en la gestión pública y en la toma de decisiones para la solución de los grandes problemas del país. Debe haber un cambio entre gobernantes y gobernados.