Acusan a funcionarios del gobierno de Zelaya

El combate en contra del flagelo de la corrupción está alcanzando los resultados esperados.

La Fiscalía contra la Corrupción interpuso en las últimas horas, ante el Juzgado de Letras Penal, cuatro acusaciones contra igual número de funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya.

La primera acusación se interpuso en contra del ex gerente del Banco Central de Honduras (BCH), German Enrique Martel Beltrán. A este ciudadano la Fiscalía contra la Corrupción lo supone responsable del delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública, informó Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público (MP).

Los antecedentes de este caso refieren a que la sociedad mercantil La Caridad, posee derechos mineros en el Valle de Siria, Francisco Morazán, al descubrir un yacimiento en ese sector.

Sin embargo, dichos derechos no le fueron reconocidos, por lo que se reclamó el cinco por ciento de utilidades de lo explotado por Entremares hasta 2003, que ascienden a 22.1 millones de lempiras.

El Juzgado de Letras Contencioso Administrativo dictó sentencia ordenando un embargo por esa suma, sobre las cuentas a nombre del Estado de Honduras.

Sin embargo, Martel dio instrucciones de abstenerse a ejecutar la orden judicial. Por ello fue acusado por abuso de autoridad y se le libró orden de captura. El imputado se presentó voluntariamente ayer al Juzgado Penal donde le impusieron medidas sustitutivas.

Malversación y abuso

En otro requerimiento fiscal se acusa a Joel Iván Izaguirre, ex contador general del proyecto Calidad de la Educación, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional, de la Secretaría Educación.

A este, la Fiscalía contra la Corrupción lo supone responsable del delito de malversación de caudales públicos, en perjuicio de Educación, informó Calix. Según el requerimiento fiscal depositó a su cuenta personal 143, 428 lempiras correspondiente a fondos de dicho proyecto, suma que luego procedió a retirar para su uso.

Contra Izaguirre la Fiscalía pide se libre orden de captura. En otro requerimiento se acusa por malversación de caudales públicos a Miguel Antonio Midence, administrador financiero de la asociación Visión Mundial. Según la acusación, Midence malversó 1.3 millones de lempiras de dicho organismo, al no justificar cheques cobrados por gastos de viaje y compra de materiales y equipo.

La Fiscalía pide se le libre orden de captura.

Finalmente la Fiscalía acusó por abuso de autoridad a Nimia Baquedano Valladares, gerente de Honducor en el gobierno de Zelaya.

La funcionaria fue acusada por desacatar sentencias definitivas emitidas por el Juzgado Laboral, las que ordenan el reintegro de dos empleadas, Isabel Herrera y Florida Maldonado, quienes fueron despedidas. La Fiscalía pide al Juzgado que cite a la imputada.