Comisión de Verificación busca nuevo acercamiento

La comisión auspiciada por la OEA que verificaría el cumplimiento de un acuerdo suscrito para poner fin a la crisis política en Honduras, intentaba resucitar lo pactado luego de las desavenencias entre el presidente destituido Manuel Zelaya y el gobierno interino para crear un gobierno de Unidad Nacional.

Zelaya dio por fracasado el acuerdo Tegucigalpa-San José firmado el 30 de octubre luego que el gobernante Roberto Micheletti anunció el jueves que conformaba el gobierno de unidad acordado.

Los representantes de la Comisión de Verificación, incluidos representantes de las partes en conflicto, de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el embajador de Estados Unidos, permanecían el sábado reunidos en busca de una nueva salida a la crisis.

"Hemos vuelto a encontrarnos para buscar nuevas alternativas", afirmó el representante de Zelaya en la comisión, Jorge Arturo Reina, la noche del viernes. "Se abre una nueva ruta para discutir los problemas que son muchos, uno de ellos que la comunidad internacional dijo que Zelaya tiene que ser reinstalado en la presidencia".

"Otro es que debemos considerar la necesidad de establecer un gabinete que exprese todas las tendencias del país", agregó.

Sin embargo, existen dudas sobre los resultados del diálogo debido a que Zelaya ha dejado en claro que la solución a la crisis está circunscrita a su retorno inmediato al poder. El ex mandatario no admite que Micheletti arme el gobierno de reconciliación, ni mucho menos que lo dirija.

"En vista de que el acuerdo fue violado por Micheletti al querer convertirse él en el presidente del gabinete de unidad y reconciliación sin tener los derechos, sin ser legítimo, nosotros hemos declarado de que ya no existe posibilidad de reconocer ese acuerdo", dijo el gobernante depuesto a la AP desde la embajada brasileña. "Ya eso de las negociaciones llegó a su final".

Estados Unidos lamentó la interrupción del acuerdo y llamó a las partes a alcanzar un consenso para formar el gobierno de unidad que debe velar por las elecciones presidenciales del 29 de noviembre y traspasar el poder al ganador el 27 de enero.

Micheletti adujo que actúa ceñido al acuerdo que estipulaba como plazo el 5 de noviembre para integrar un gobierno con la participación de representantes de los partidos políticos y la sociedad civil, luego de que Zelaya se negara a entregar una lista con sus nominados.

La postura de Micheletti es que mientras el congreso no decida si restituye o no a Zelaya a la presidencia, él seguirá llevando los hilos del país y espera que durante el fin de semana Zelaya nomine a candidatos con miras a finiquitar el gobierno de unidad.

El Legislativo espera que varias instituciones se pronuncien sobre la factibilidad de restituir a Zelaya antes de convocar a una sesión extraordinaria para debatir el asunto.

El pacto no le pone plazos al órgano legislativo para que trate ese asunto, aunque la Organización de los Estados Americanos esperaba que ello se diera con prontitud.

Asimismo, el Ejecutivo hizo un llamado respetuoso al Congreso Nacional para que discuta lo concerniente a la restitución del ex presidente Zelaya.