Honduras
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) se abstendría de emitir un dictamen al Congreso Nacional (CN) sobre si procede o no la restitución de Manuel Zelaya a la Presidencia.
El CN solicitó al Poder Judicial si jurídicamente procede retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual período gubernamental, el 27 de enero de 2010, como lo establece el acuerdo Tegucigalpa/San José.
Según trascendió en radio América, la CSJ no emitiría el dictamen porque existe un recurso de amparo interpuesto por Raúl Valeriano y Leopoldo Romero en contra del decreto 141-2009, emitido por el CN, el cual sustituye a Manuel Zelaya de la Presidencia y nombra a Roberto Micheletti en dicho cargo. Esta demanda se encuentra en proceso y por dictar sentencia.
Otro argumento valorado es que la CSJ ya externó su dictamen el pasado 21 de agosto, sobre los puntos del Acuerdo San José, el que sería ratificado.
En el numeral tercero sobre el retorno de los poderes del Estado previo al 28 de junio, la CSJ expuso que estos "continúan funcionando y operando en el marco de las atribuciones y limitaciones que la Constitución, los Convenios Internacionales y las leyes les imponen".
Por tanto, en torno al retorno de "Mel" la CSJ recalca que "existen acciones penales presentadas por la Fiscalía General de la República; en consecuencia y en estricta legalidad, mientras no existan acciones legales aplicables, no puede eludirse que tendría (Zelaya) que someterse a los procedimientos establecidos en la legislación procesal penal".
Responsabilidad penal
El MP ya recibió, por parte del CN, la solicitud de opinión para dar una respuesta sobre el particular. Estamos estudiándolo para emitir la consulta que se nos hace, si se nos pidió una opinión el MP la va a dar, de eso no cabe ninguna duda", afirmó el fiscal general, Luis Rubí.
En el dictamen, el MP se añadiría una advertencia a los diputados sobre la responsabilidad que incurrirían los congresistas si restituyen a "Mel".
"Nuestra opinión va a ir encaminada desde el punto de vista legal, incluso vamos a ir más allá al pronunciarnos, si fuese necesario, en cuanto a ver si de tomar determinadas actitudes podrían los diputados incurrir en responsabilidad penal", dijo.
Según Rubí, los diputados ya tomaron una decisión el 28 de junio y al tomar otra el MP analizará como procederá.