Buscan endurecer multas a empresas de higiene

La Secretaría de Trabajo (ST) remitirá al Congreso Nacional un proyecto de ley que busca regular los contratos que el Estado suscriba con las compañías que prestan servicios de higiene y de seguridad privada, a fin de que estas cumplan con los derechos laborales de sus trabajadores.

Ninguna empresa de este tipo podrá ser contratada por el Estado si no cumple con las garantías de pago de derechos laborales con sus trabajadores, anunció el titular de la ST, Nicolás García.

El ministro dijo que hay preocupación por la cantidad de denuncias que obran en la Secretaría de Estado relacionadas con el incumplimiento por parte de estas compañías de los derechos de los trabajadores.

En ese sentido, cuando se trata de estas compañías que tienen contratos con el Estado, la ley que se prepara para turnarla al Congreso establece que no serán contratadas aquellas empresas si no rinden una garantía para el cumplimiento de sus obligaciones laborales.

En cuanto al sector privado, la ley establecerá un apartado, puesto que también es una obligación del Estado proteger a los trabajadores.

Respecto a las sanciones que se imponen a estas compañías de higiene y de seguridad privada, el ministro las calificó de "irrisorias", factor por el que dichas compañías prefieren pagar las multas y no cumplir con las obligaciones laborales. En ese contexto, el proyecto de ley contemplará endurecer las sanciones contra estas compañías, aseguró el ministro García.

Según datos oficiales, hay empresas privadas que tienen contratos con el Estado hasta por la cantidad de cien millones de lempiras al año, especialmente las que ofrecen servicios de higiene en los hospitales.

Actualmente, la Unidad de Control de Compañías de Seguridad Privada tiene registradas apenas 170 empresas de seguridad constituidas que están operando legalmente; unas 350 están haciendo su trámite. Pero existen más de 500 compañías en todo el país entre legales e ilegales y se estima que en su conjunto contratan a unos 60,000 hombres.

En el campo de la higienización, funcionan 25 compañías que prestan el servicio a instituciones públicas y privadas, pero, en virtud de que el servicio es subcontratado, a muchos clientes no les interesa saber si los derechos laborales de las mujeres son respetados.

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) realizó una investigación en cinco compañías y los resultados son muy preocupantes.

El HERALDO reveló algunos hallazgos de esa investigación que tuvo como propósito identificar las principales violaciones que cometen las compañías higienizadoras.

ASJ descubrió que las empresas en donde laboran miles de mujeres como aseadoras tienen como norma obligarlas a realizarse una prueba de embarazo cada dos meses, siendo este requisito una violación a la Ley de Igualdad de Oportunidades.

Por otra parte, las entrevistadas denunciaron que las empresas las despiden sin la cancelación de sus derechos laborales. El 53 por ciento manifestó no recibir el pago del aguinaldo y el 72 por ciento informó que no se les cancela el décimo cuarto salario ni las horas extras, pese a que trabajan más de 12 horas diarias.