Honduras
Las organizaciones no gubernamentales y las iglesias Católica y Evangélica pidieron ayer al Congreso Nacional prorrogar por una semana la aprobación de la amnistía para poder estudiar las consecuencias de esta decisión.
Sin embargo, y por la premura del tiempo, aparte de que el Congreso Nacional deberá clausurar la próxima semana la cuarta y última legislatura, es poco probable que el Poder Legislativo acepte esta solicitud.
La Comisión Especial nombrada por el Congreso para preparar el proyecto de amnistía convocó al Consejo Nacional Anticorrupción, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Iglesia Católica, Confraternidad Evangélica, Colegio de Abogados y otras organizaciones para presentarles el proyecto y de paso conocer sus puntos de vista.
El presidente del Congreso, José Alfredo Saavedra, convocó para este lunes a las 2:00 de la tarde a los diputados para discutir tres puntos de la agenda del CN: amnistía, Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba) y cobro de peaje para Tegucigalpa.
En un principio se creía que los representantes de organizaciones invitados aceptarían de plano la aprobación de la amnistía -con la cual se pretende poner fin a la crisis política-, pero al final dijeron que necesitan más tiempo para estudiar el proyecto que por cierto está listo.
"He escuchado con mucho respeto a la sociedad civil y no podemos negar que hay muchos puntos de coincidencia con ellos", dijo el diputado Donaldo Reyes Avelar, miembro de la comisión que elaboró el proyecto con el cual se procura olvidar los delitos políticos cometidos antes, durante y después del 28 de junio.
Julio Cabrera, de la sociedad civil, destacó que, de aprobarse la amnistía, habría una incongruencia de la norma nacional con la internacional.
Basó su tesis en el hecho de que Honduras suscribió el Tratado de Roma, que dio vida a la Corte Internacional Penal (que ya conoce de una denuncia por lo que ocurrió el año pasado) y, en caso de conflicto entre una norma y otra, prevalece el criterio de la internacional, como lo admite la misma Constitución hondureña.
En ese sentido, "la posición de las organizaciones es postergar interinamente que el Congreso pueda debatir con los sectores y tener una claridad meridiana", dijo Cabrera.
En términos similares se pronunció el presidente del Consejo Nacional Anticorrupción y presidente de la Confraternidad Evangélica, Oswaldo Canales. "Para dar una opinión hay que analizar el documento. Ellos van a solicitar que haya un compás de espera hasta que todos los sectores hayan dado su opinión", dijo.
A juzgar por lo expresado por Canales, la semana que viene sería imposible aprobar la amnistía. "Hay que llevar (el documento) a los grupos de asamblea para nombrar una comisión y hablar sobre el tema".
"No es viable", agregó, "que se apruebe en este Congreso porque no hay conciencia, tiene que revisarse el documento y realmente todos los sectores tienen que consensuar". La amnistía tiene "que decir para quiénes va, para quién es esto, para qué sectores".
El presidente del Colegio de Abogados, dijo que en una semana estarían en capacidad de estudiar el caso. Afirmó que los acontecimientos del 28 de junio, que significaron el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, merecen un análisis detallado para aplicar amnistía.
Juez recibe expediente
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilez, recibió el expediente que contiene el requerimiento fiscal interpuesto por el Ministerio Público (MP) contra la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas.
Rivera, quien fungirá como juez natural en el caso contra la cúpula militar, recibió a través de la Secretaría de la CSJ la documentación concerniente a la acusación presentada por el fiscal general Luis Alberto Rubí el pasado miércoles.