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Aprobación de amnistía, tarea de nueva legislatura

El presidente del congreso afirmó que "analizamos si es factible o no aprobar un decreto de amnistía"
12.01.10 - Actualizado: 12.01.10 07:15pm - Redacción: redaccion@elheraldo.hn

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Tegucigalpa,

Honduras

La aprobación o no de la amnistía para los delitos políticos que podrían haberse derivado en torno a los acontecimientos del 28 de junio del año pasado quedó en manos del próximo Congreso Nacional.

Así lo confirmó Toribio Aguilera, diputado del Pinu. "Consideramos que había que consensuarlo y no nos da tiempo para hacerlo", afirmó.

El próximo Congreso "será el que decida sobre el tema de la amnistía política", dijo a radio América.

El Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, pidió en el oficio No. DC-001-2010 que sea el nuevo Congreso Nacional (2010-2014), quién discuta si procede o no la amnistía, conociendo para ello el informe de Comisión de la Verdad. +Ver documento

"Si se declara la amnistía, el ex presidente José Manuel Zelaya Rosáles puede, al acogerse a la misma, reclamar su restitución inmediata a la Presidencia de la República y hasta reclamar los meses faltantes de su período", explica CONADEH en el documento.

Según el comicionado, de aprobar el Congreso Nacional el Decreto de Amnistía, el mismo sería contrario al Acuerdo Guaymuras que en su numeral sexto establece que “con el fin de esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio de 2009, se creará también una Comisión de la Verdad que identifique los actos que condujeron a la situación actual, y proporcione al pueblo de Honduras elementos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro”.

Al concederse amnistía antes que la Comisión de la Verdad rinda su informe quedarían anuladas todas “las acciones investigativas y demás diligencias que a la fecha se encuentren en proceso en las Oficinas del Ministerio Público”, por pasar a su archivo administrativo, detalla el comicionado.

El Comisionado de los Derechos Humanos señala que "lo pertinente sería que primero la Comisión de la Verdad se integre, investigue y cuando haya rendido su informe, el nuevo congreso valore la posibilidad y necesidad de conceder una amnistía".

El presidente del legislativo, José Saavedra, convocó este martes al plenario para discutir el proyecto que no incluía el enriquecimiento ilícito y malversación de fondos.

Expertos ven en la amnistía una opción para que Honduras supere la crisis política y se enfile hacia la reconciliación nacional y que la comunidad internacional reconozca al gobierno de Porfirio Lobo, que ganó las elecciones del 29 de noviembre y asumirá el 27 de enero.

Lobo Sosa pidió al Congreso Nacional que se otorgue una amnistía política al ex mandatario Zelaya, quien fue separado de la presidencia por intentar derogar la actual Constitución de la República, convocando a una asamblea nacional constituyente.

"Hay que ponerle sello a esta crisis. No debe haber vencedores ni vencidos", argumentó Porfirio Lobo, que prevé restablecer relaciones con la comunidad internacional al cumplir con el acuerdo Tegucigalpa/San José.

El presidente del congreso afirmó que "analizamos si es factible o no aprobar un decreto de amnistía". Agregó que sería una amnistía política y que "no tiene nada que ver con perdonar los delitos comunes de los beneficiados".

La amnistía es para delitos políticos como traición a la patria, sedición, contra la forma de gobierno, terrorismo, violencia, vandalismo y abuso de autoridad.

La fiscalía ha encausado a Zelaya por los delitos de atentar contra el sistema democrático, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpar funciones públicas.

El presidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera, ha sido designado por el resto de los 14 magistrados del máximo tribunal para conocer la iniciativa.

El Ministerio Público (MP) interpuso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un requerimiento fiscal en contra de la junta de comandantes de las Fuerzas Armadas por expatriar al ex presidente Manuel Zelaya el pasado 28 de junio. Por ese delito, la ley establece una pena de entre tres y cuatro años de prisión.

El jefe del Estado Mayor, general Romeo Vásquez, dio que "sólo cumplimos órdenes... no huiremos del país porque somos soldados, no asesinos, y no deseamos dar un mal ejemplo a nuestros subalternos ni al pueblo".

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