Honduras
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Alberto Rivera, citó a la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas de Honduras para que comparezcan a la primera audiencia del juicio incoado en su contra.
Rivera funge como juez natural para conocer la etapa primaria e intermedia de la acusación interpuesta por el Ministerio Público (MP) en contra de seis comandantes de ramas militares por suponerlos responsables de los delitos de abuso de autoridad y expatriación del ex presidente Manuel Zelaya Rosales.
La acusación se interpuso en contra de Romeo Vásquez Velásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto; Venancio Cervantes, subjefe del Estado Mayor; Carlos Antonio Cuéllar, inspector general; Miguel Ángel García, comandante del Ejército; Luis Javier Prince, comandante de la Fuerza Aérea; y Juan Pablo Rodríguez, de la Naval.
Rivera, nombrado juez natural del caso, decidió citar a la cúpula militar para las 2:30 de la tarde del jueves a comparecer a la audiencia de declaración de imputado.
Con ello el juez, tras admitir la acusación, denegó la petición del MP de librar orden de captura contra los procesados, en cambio declaró con lugar la petición de la defensa de presentar voluntariamente a sus representados.
Desde el punto de vista procesal, la audiencia de declaración de imputado consiste en que el juez informa a los encausados de la acusación, se les hace valer el derecho constitucional de rendir o no una declaración sobre lo que conocen de los hechos por los que son acusados y se les dan a conocer las medidas cautelares que se les impondrían, que podrían ser sustitutivas a la prisión por la voluntad manifestada de someterse al proceso.
En la resolución no expresa dónde se realizará la audiencia, si se efectuará en una de las sedes de la CSJ. La acusación se interpuso ante la CSJ porque los jerarcas son considerados altos funcionarios.
Notificados
De la resolución ya fue notificado la defensa de la Junta de Comandantes, representada por Juan Sánchez Cantillano, José Arturo Duarte y Dagoberto Mejía.
"Cuando el encausado manifiesta de manera expresa que está en total disponibilidad de someterse a la majestad de la ley, el juez no puede violentar otro derecho más que señalar el día y la hora para que este ejerza presentarse voluntariamente", manifestó.
La defensa basará la tesis de la expatriación de Zelaya en un estado de necesidad: ante un mal mayor un mal menor, para evitar un derrame de sangre si el ex mandatario se dejaba en el país.