Suspenderán abusivo pago en empresa Hondutel

El futuro del décimo segundo contrato colectivo de trabajo que funcionarios y empleados de Hondutel negociaron para recetarse estratosféricas prebendas salariales quedará en manos del nuevo gobierno.

Asimismo, queda eliminada la cláusula que otorgaba una cantidad adicional equivalente al monto de las prestaciones en caso de que el gerente y el subgerente fueran despedidos de la empresa y no reintegrados a los cargos que tenían antes del 3 de julio de 2009, cuando Jorge Aguilar fue trasladado de la jefatura de la División de Informática para ocupar la titularidad de la estatal de telecomunicaciones.

La otra persona beneficiada sería Luis Irías, quien ostenta la subgerencia.

La decisión fue comunicada al nuevo gerente de Hondutel, Renán Inestroza, quien participó en una reunión de trabajo con las autoridades de esa empresa, en la que continuaron conociendo la situación financiera y que se reanudará este fin de semana para abordar la parte técnica y la cartera de proyectos para el corto, mediano y largo plazo.

Nuevo millonario

Para ser un nuevo rico en Honduras no es necesario acertar los seis números de la lotería electrónica o el premio mayor del Pani, basta con estar de acuerdo con los intereses del sindicato de una empresa pública como Hondutel para recibir el doble de las prestaciones en caso de ser despedido.

Eso está contemplado en el décimo segundo contrato colectivo que el gerente de la estatal de telecomunicaciones, Jorge Aguilar, y el presidente de Sitratelh, Orlando Mejía, rubricaron el 10 de noviembre de 2009 y que debería ser ratificado en la sesión de este día de la junta directiva, la que preside Gabriela Núñez, secretaria de Finanzas.

Según la cláusula 2 -De la representación legal-, “en el caso que no sean reinstalados (el gerente y el subgerente) se les pagara, además de las prestaciones laborales a las que tengan derecho, una indemnización en concepto de perjuicios equivalente al monto de las prestaciones pagadas al momento del despido”.

EL HERALDO consultó a Aguilar cuánto recibiría en concepto de indemnización laboral en caso de ser destituido de la empresa, pero la respuesta nunca fue concreta, limitándose a contestar que no son ocho millones de lempiras, menos 18 millones, y la cifra más cercana es menor a la mitad de la primera cantidad, o sea menos de cuatro millones; y de quedar firme el nuevo contrato colectivo, la cantidad se duplicaría.

Asimismo, se le consultó cuánto ganaba como gerente de la empresa e igual respondió con evasivas, expresando que era un monto arriba de 100,000 lempiras mensuales y que ese valor aparecía publicado en la página electrónica de la estatal (www.hondutel.hn), la que no pudo ser encontrada porque esa información ha sido suprimida del portal de transparencia.

Contubernio

El acuerdo logrado para firmar el décimo segundo contrato colectivo de trabajo para 2010 en Hondutel ha provocado una serie de críticas en contra de funcionarios y empleados por los millonarios beneficios que se recetaban ambas partes.

El gerente y subgerente recibirían una cantidad igual a las prestaciones recibidas en caso de ser cesanteados de la estatal, mientras los casi 3,400 empleados de la empresa de telecomunicaciones obtendrían alrededor de 80 millones de lempiras en concepto de beneficios económicos negociados en el contrato.

Jorge Aguilar dijo a EL HERALDO que “definitivamente hemos renunciado a lo que estaba planteado en el contrato, ya se quitó la cláusula”.

Queriéndose liberar de responsabilidad, el gerente dijo que ese beneficio que percibiría fue parte de una larga discusión, fue un error de parte de él haber aceptado esa prebenda y que manifestó a la dirigencia sindical que esa situación no se iba a ver bien, pero la respuesta de ellos fue que el objetivo era proteger a los funcionarios de carrera en la empresa, tal como ocurrió en el pasado.

Subrayó que “renuncio a eso -beneficio-, no es un contrato aprobado, está en negociación, no es mi interés beneficiarme de la empresa, al contrario: entre más le pueda dar sería, mejor”.

El gerente de Hondutel dijo que habló el presidente del sindicato, pero este insistió en que se dejara la cláusula y su respuesta fue que no porque era una decisión tomada.

Por su parte, Orlando Mejía defendió la cláusula 2 del contrato colectivo negociado y dijo que lo que se busca es proteger a aquellos empleados que han hecho carrera administrativa en la empresa.

Añadió que el interés del sindicato es proteger al trabajador, ya que Aguilar se ha desempeñado durante 18 años en esa empresa, ocupando varios cargos administrativos.

El presidente de Sitratelh defendió a capa y espada lo negociado en ese nuevo contrato que regirá la relación obrero-patronal en este año, porque no se está tratando de beneficiar a determinada persona, sino asegurarse de que un funcionario que sea promovido a un alto cargo no sea removido, como ha sucedido en el pasado.

Reparos

La noticia también generó indignación en los operadores de justicia y en los organismos contralores del Estado.

La Fiscalía contra la Corrupción se mantiene pendiente de proceder en materia penal, en el extremo de que una investigación del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) encuentre méritos suficientes para interponer alguna acusación por el presunto acto irregular en la suscripción de un contrato colectivo en Hondutel.

“Eso es una cuestión estrictamente laboral; si hubiera alguna irregularidad, en su momento se podría conocer, pero hay órganos contralores del Estado, en este caso el TSC, que pueden hacer las reparaciones correspondientes, en el caso de no haber una responsabilidad dolosa”, manifestó el fiscal especial contra la Corrupción, Henry Salgado.

Si producto de la auditoría que practique el ente contralor se encuentra alguna acción dolosa, la Fiscalía esperará el informe pertinente para proceder.

En el caso del gerente y subgerente de Hondutel, estos por ley son considerados personal de confianza, por lo que suscribir un acuerdo que les permita obtener dobles prestaciones u otro tipo de beneficios sería reparable.

“Se hará en su momento el reparo correspondiente, en caso que se dé la prestación correspondiente; entiendo que si hubiera algún abuso pasaría al ámbito penal, pero hasta el momento no hemos visto que alguien interponga una denuncia”, expresó el funcionario.

En todo caso se esperará que el contrato entre en vigencia para determinar si existe o no alguna responsabilidad, si las actuaciones están o no en el marco de la ley, concluyó.

Por su parte, el Tribunal de Cuentas practicaría la auditoría para determinar si se deduce una responsabilidad de tipo civil.