Fiscalía dispondrá de 40 millones de lempiras

La Dirección Técnica de Investigación Criminal, que operará bajo la tutela del Ministerio Público para investigar el crimen organizado, tendrá un presupuesto inicial de 40 millones.

Esta dirección surge a raíz de las reformas hechas antenoche a la Ley del Ministerio Público por parte del Congreso Nacional, que le asigna a esta institución la investigación del crimen organizado y deja a la Dirección Nacional de Investigación Criminal todo lo relativo al delito común.

Hasta el momento la DNIC ha fracasado en el combate del crimen organizado como secuestros, narcotráfico, lavado de activos, sicariato y robo de carros, a tal caso de que este ilícito ha venido creciendo en los últimos años.

La mayoría de los delitos que comete el crimen organizado quedan en la impunidad.

Se supone que el Ministerio Público cumplirá con las expectativas del decreto legislativo que reformó su ley orgánica y no vaya a caer en la inacción de la Policía de Investigación.

El proyectista Rodolfo Zelaya dijo que le hubiese gustado que la Junta Directiva del Congreso hubiera concertado las reformas a la Ley del Ministerio Público con el nuevo gobierno.

"La falta de una investigación criminal directa técnico-científica altamente especializada de delitos relacionados con el crimen organizado, por parte del Ministerio Público, es el talón de Aquiles del moderno proceso penal integral iniciado en Honduras con la aprobación y entrada en vigencia del Código Procesal Penal", reza el dictamen del Congreso.

La Dirección Técnica de Investigación será un organismo especializado y profesional "que tendrá a su cargo la investigación de los delitos, descubrir los responsables y proporcionar a los organismos competentes la información necesaria para el ejercicio de la acción penal".

La idea es "investigar todas las formas y modalidades del narcotráfico y sus operaciones conexas, así como otros delitos de investigación y persecución compleja".

Los funcionarios que laboren para la Dirección Técnica de Investigación actuarán bajo la dirección técnico-jurídica de los agentes de los tribunales y contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía.

La unidad tendrá jurisdicción en todo el país y podrá establecer oficinas departamentales y locales, dependiendo de la presencia del crimen organizado.

Tendrá una estrecha relación con el Consejo Nacional contra el Narcotráfico.

El director será nombrado por el fiscal general de la República "seleccionado mediante concurso". Deberá ser un profesional de la educación superior con conocimiento y experiencia en materia de investigación criminal.