Acusarán a más ex empleados del FHIS por corrupción

La Fiscalía contra la Corrupción recibió las últimas evidencias que restaban para interponer una acusación por un millonario despilfarro en la administración de Manuel Zelaya.

En los últimos meses del año anterior, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitió a la Fiscalía contra la Corrupción el informe de auditoría practicado en el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), en el cual se desprenden hallazgos de irregularidades referidos a un despilfarro de 30 millones de lempiras.

En el informe se cuestiona la emisión de dos injustificados acuerdos de emergencia por parte del expresidente Manuel Zelaya, supuestamente para pagar publicidad, desviando recursos destinados a proyectos sociales.

Los dos acuerdos tienen el mismo número, 046-A-2008, uno que transfiere los 30 millones al FHIS y otro que ordena que esta suma sea transferida al Despacho de la Presidencia para gastos de publicidad en la ilegal cuarta urna. Al existir dos acuerdos se presume que el despilfarro se elevaría a 60 millones de lempiras.

A medida que los fiscales profundizan en el informe requieren del TSC la remisión de evidencias, entre ellas certificaciones de documentos.

Una fuente ligada al Ministerio Público (MP) informó a EL HERALDO que las últimas evidencias documentales ya fueron enviadas por el ente contralor, con lo que se completaría el expediente investigativo.

Acusación

Con el expediente completado solo resta iniciar el camino para la deducción de responsabilidades penales. En el MP ya existe un anteproyecto de requerimiento fiscal que se estaría interponiendo en los próximos días.

En el proyecto de requerimiento fiscal se plantea acusar a ex funcionarios del gobierno de Zelaya, entre ellos al ex ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza; la ex ministra de Finanzas, Rebeca Santos; y al ex director del FHIS, César Salgado.

Con la valoración de las evidencias con que se cuentan se adoptará una decisión si se incoan acciones legales contra estas personas.

Flores y Santos se encuentran prófugos de la justicia por acusaciones interpuestas por la Fiscalía. Se analiza imputar los delitos de fraude, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y falsificación y uso de documentos públicos.