Aprobada la amnistía

El Congreso Nacional aprobó anoche el esperado decreto de amnistía general que concede la gracia del Estado a quienes cometieron delitos políticos y conexos antes, durante y después del 28 de junio del año pasado, cuando Manuel Zelaya perdió el poder por las constantes violaciones a la ley y pretender derogar la constitución.

Con este decreto, Lobo Sosa saludará hoy a la comunidad internacional con la bandera de la paz, unidad, reconciliación, perdón y el olvido tras siete meses de crisis.

A la amnistía se suma el salvoconducto que firmará, tras asumir el mando, para que Zelaya, refugiado en la embajada de Brasil y desde donde hizo llamados a la violencia, pueda salir del país en condición de huésped hacia República Dominicana.

Consecuentemente, Lobo Sosa espera de los países amigos un reconocimiento si no inmediato, por lo menos a corto plazo para restablecer relaciones diplomáticas y que Honduras siga beneficiándose de las donaciones, ayudas y préstamos por ahora congelados.

El proyecto de amnistía, que no quiso abordar el Congreso anterior, fue presentado por el diputado nacionalista por Santa Bárbara, Mario Alonso Pérez.

De inmediato generó un amplio debate en el cual algunos diputados de los partidos Liberal, Pinu y Democracia Cristiana pidieron analizar detenidamente el tema antes de aprobarlo.

El presidente del Congreso, Juan Hernández, suspendió la reunión a eso de las 4:00 de la tarde para dar oportunidad a la Comisión de Dictamen para que presentara su opinión, acción que ocurrió anoche mismo.

La Comisión de Dictamen estuvo integrada por los diputados Mario Segura, Celín Discua, Erick Rodríguez, Nelly Jeréz, Héctor Guillén y Teresa Chávez.

La votación

Anoche era un hecho que la amnistía sería aprobada por la mayoría mecánica del Partido Nacional (71 diputados), que constituye la mayoría simple (65) requerida para este tipo de proyectos, más cuatro de los cinco diputados de la Democracia Cristiana y algunos liberales.

La UD se pronunció en contra. El Pinu se pronunció en contra, aunque aclaró que sí estaba a favor de la amnistía.

La bancada del Partido Liberal se abstuvo, pero dejó en libertad a sus diputados para que votaran a favor, en contra o se abstuvieran.

El argumento del Pinu es que era preferible el nombramiento previo de la comisión de la verdad, establecida en el Acuerdo Tegucigalpa/San José, para luego analizar si se concede o no la amnistía. German Leitzelar aclaró que esta posición no significaba que estuvieran en contra de la amnistía como tal.

UD adujo que no se podía conceder amnistía a los "golpistas" y que deben pagar su delito. Marvin Ponce dijo que los asesinos, los que expatriaron a un ciudadano, los que se robaron el dinero en carretillas, en bolsos, deben responder ante la justicia.

Durante el debate destacó la posición del diputado nacionalista Oswaldo Ramos Soto, quien calificó como "una pobreza" y "una vergüenza" la redacción del dictamen y obligó a los dictaminadores a suprimir un párrafo mal redactado porque iba contra la facultad constitucional del Congreso de aprobar y derogar leyes.

Los delitos

Con la amnistía quedan en el manto del olvido los delitos políticos cometidos, o que se haya intentado cometer, relacionados con traición a la patria, contra la forma de gobierno, terrorismo y sedición, según el artículo 1 del aprobado dictamen.

También reciben la gracia del Estado los ciudadanos que hayan cometido delitos comunes conexos, es decir, usurpación de funciones, desobediencia, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.

Abarca los delitos cometidos entre el 1 de enero de 2008 y el 27 de enero de 2010.

Con el decreto se beneficia a Zelaya y sus colaboradores, quienes buscaban derogar la constitución para promover la reelección presidencial e introducir el país al socialismo.

El delito de expatriación de Zelaya, del que resultaron absueltos ayer los militares acusados por el Ministerio Público, no está incluido en la amnistía.

El decreto de ley aprobado establece: "No quedan comprendidas en este decreto todas aquellas acciones constitutivas de delitos relacionados con actos de corrupción como malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, cohecho y otros tipificados en la legislación penal, al igual que los delitos de lesa humanidad y violación de derechos humanos".

"Los tribunales competentes deberán de oficio o a petición de parte sobreseer toda causa que esté conociendo y que esté comprendida en este beneficio", añade.

El decreto concluye: "En cuanto a las acciones investigativas y demás diligencias que a la fecha se encuentren en proceso en las oficinas del Ministerio Público, deberá procederse por este órgano contralor del Estado a su archivo administrativo, al amparo de la gracia que por el presente se decreta, a ese efecto deberá observarse lo que manda el artículo 40 de la Ley de la Institución mencionada en este numeral".