Honduras
Como si fueran parte desinteresada del tema, el representante del consorcio italo-hondureño a quien el Congreso Nacional concesionó la represa Nacaome, Augusto Montani, aseguró a EL HERALDO que "no tengo ninguna declaración que hacer".
"He declarado que presentamos la solicitud de concesión en 2004 y tengo confianza en que aquí hay un Estado de derecho. Espero que la comisión aclaré todo y establezca si la concesión es un daño o un bien para Honduras".
Ante la pregunta sobre qué opinaba de la "clonación" de los ejemplares de La Gaceta, Montanari aseguró que "no tengo nada que ver, no sé nada de eso, no sé qué ha pasado, no me pregunte del tema de las dos Gacetas".
EL HERALDO, medio de comunicación que ha mantenido amplia cobertura sobre la concesión de la represa, le consultó sobre cuál de las dos gacetas tiene en su poder el Consorcio, a lo que Montanari respondió: "tenemos las dos gacetas". Montanari aseguró que los dos ejemplares del diario oficial La Gaceta les fueron vendidos al mismo tiempo en las oficinas de la Empresa Nacional de Artes Gráficas.
"Yo le dije que tengo confianza en que son las comisiones quienes tienen que aclarar la situación, no estoy involucrado ni en política ni con escándalo, solo soy representante del consorcio y no tengo nada que declarar".
En relación a la reunión que sostendrán el próximo sábado las fuerzas vivas de la zona sur del país, para definir una estrategia para detener el proceso de concesión, Montanari comentó que "seguramente no han leído lo que la concesión ofrece y las ventajas; si ellos quieren quedarse con la represa como está, que lo hagan". Sostuvo que "si creen que es fruto de corrupción no podemos hacer nada; si no nos quieren a nosotros, pues que vengan otros inversionistas".
Ante la posibilidad de ejercer acciones legales contra el Estado de Honduras por una posible cancelación del contrato de concesión, el representante de consorcio aseguró que esperan que se solucione esta situación lo más pronto posible.
Por su parte, Tomás Zambrano, diputado por el departamento de Valle y miembro de la comisión investigadora del Congreso Nacional, dijo que "estamos investigando toda la situación y consultando con todos los entes interesados y ahora sabemos sobre estas publicaciones distintas de La Gaceta y miramos esta situación con mucha preocupación, porque una vez publicado es ley". Agregó que existen varias vías: en primera instancia se podría presentar un decreto para derogar el concesionamiento, pero el Estado estaría a las puertas de una demanda de indemnización.
Otra vía sería por la sala de lo constitucional, que declarará inconstitucional el contrato de concesionamiento, y la tercera vía sería el procedimiento administrativo, en la cual se puede declarar nulidad a esas publicaciones, de acreditarse que hubo irregularidades en los procedimiento de publicación.