Honduras
El Ministerio Público (MP) inició un camino para pedir sobreseimientos definitivos por los hechos del 28 de junio.
En vista de que a partir de ayer entró en vigencia el decreto de Amnistía 002-2010, aprobado por el Congreso Nacional (CN), se iniciaron acciones para su cumplimiento.
De acuerdo con el referido decreto, el Estado de Honduras concede una amnistía de carácter general a delitos políticos y comunes conexos que fueron intentadas o consumadas en el período entre el 1 de enero de 2008 al 27 de enero de 2010.
Los delitos que podrán ser objeto de amnistía, u olvido, son los de traición a la patria, atentar contra la forma de gobierno, terrorismo y sedición.
También reciben la gracia del Estado delitos comunes conexos con los políticos, como usurpación de funciones, desobediencia, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, siempre y cuando estos no estén ligados a actos de corrupción, derechos humanos y lesa humanidad.
La ley es vigente para los próximos 40 años.
Sobreseimientos
Por los hechos acontecidos el 28 de junio, el MP acusó al ex presidente Manuel Zelaya y ex funcionarios de su gobierno por algunos de los delitos antes mencionados.
Para el caso, a Zelaya se le supone responsable de delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones.
A la Junta de Comandantes se les acusa por abuso de autoridad y expatriación, estos ya fueron sobreseídos en proceso judicial, no por una amnistía.
Al respecto, el MP cambió el rumbo de la persecución penal.
Existen otras investigaciones que están en curso contra ex funcionarios.
"Continuando con la respuesta a la amnistía, hemos dado las instrucciones necesarias a la Dirección de Fiscalía, a fin de que, de acuerdo con el estudio de la ley del Decreto de Amnistía, estamos evaluando cada uno de los casos y realmente vamos, como ordena la ley, a proceder a solicitar sobreseimientos y archivar diligencias donde el caso así lo amerite", manifestó ayer el fiscal general, Luis Rubí.
A pesar de estas acciones iniciadas de oficio, los que se crean que les abarque la amnistía deberán acudir a los tribunales a arrepentirse de los delitos e invocar el decreto para que el juez le otorgue el sobreseimiento definitivo.
En casos de controversia quedará al criterio del juez conceder o no esta figura jurídica.
"Hay delitos que califican y otros delitos, cada caso o cada persona que cree que le aplica va tener que solicitar su aplicación", dijo el fiscal especial contra la Corrupción, Henry Salgado.
En el caso de la acusación contra Zelaya por los delitos antes referidos "si su apoderado legal considera que le aplican, pues lo solicita al Juzgado, y el Juzgado emitirá la resolución correspondiente", dijo. Aclaró que los delitos ligados a corrupción no son susceptibles de la aplicación de este decreto.