Competencia desleal afecta la economía del país

No se trata de un milagro económico o de una receta mágica para procesar licores.

Mientras una destiladora supervisada por la DEI comercializa una caja de aguardiente que contiene 12 litros a 500 lempiras, la competencia que no está regulada, sin poseer una mejor tecnología o recursos humanos más capacitados, vende la misma cantidad de producto a entre 120 y 150 lempiras.

Para lograr estas ventajas competitivas no es necesario disponer de una certificación internacional o maquinaria de punta, basta con atreverse a defraudar al fisco. La inversión necesaria para montar una de estas industrias es millonaria y se debe rendir una fianza al estado, sin embargo, no todas las empresas que se dedican a este menester cumplen con la normativa correspondiente, que data de 1938.

Competencia

La industria destiladora de alcohol que trabaja de manera legal en el país enfrenta en doble vía la competencia desleal de empresas que operan en la clandestinidad, la ilegalidad y el fraude. La primera es cuando solo pagan una porción de los tributos correspondientes y la segunda ocurre cuando los importadores declaran que introducen al país alcohol completamente desnaturalizado, pero ingresan otro.

Deslealtad

Una empresa productora de aguardiente debe pagar en la aduana de entrada al país alrededor de 8.50 lempiras por litro de alcohol importado para consumo humano por concepto de la cancelación de los impuestos de producción y consumo, un 10 por ciento del gravamen denominado selectivo al consumo y un 15 por ciento del Impuesto sobre Ventas (ISV).

La mayor parte de las fábricas del país cumplen con esta normativa, pero pocas honran el pago del tributo por producción, luego de que en las plantas se destila este alcohol.

Por esta razón se defrauda al fisco con montos millonarios, así como se propicia una competencia desleal con aquellas empresas que son supervisadas de manera directa por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

En La Gaceta del 12 de enero de 2004 se estableció el impuesto de producción y consumo de 0.1556 de dólar por cada litro de alcohol para consumo humano, y de 0.0056 de dólar por cada litro de alcohol completamentamente desnaturalizado.

El impuesto será cancelado en su equivalente en lempiras, al tipo de cambio prevaleciente a la fecha de la transacción o la fecha de la importación.

En la práctica, cuando un litro de alcohol ingresa al país para consumo humano debe pagar un impuesto por producción de 2.96 lempiras por litro. Se añade el cobro de un impuesto selectivo al consumo calculado en base al valor del litro de alcohol importado.

En el caso de que el contenido costara un dólar, o sea 19.03 lempiras, se le aplica un 10 por ciento, o sea 1.96. La sumatoria de todos estos cargos totaliza 23.89 lempiras, a los cuales se les calcula un impuesto sobre ventas de un 15 por ciento, que resulta en 3.58 lempiras.

Otro cobro

Ya en la fábrica se debe efectuar un proceso de destilación para que el contenido sea apto para consumo humano y, según la normativa, se debe volver a cancelar el referido gravamen por producción dependiendo del grado de alcohol final.

Para el caso, una destilería que vende aguardiente con un contenido de 38 grados de alcohol debe pagar un impuesto de 3.31 lempiras por litro.

Varias empresas que procesan unas 40 marcas diferentes de aguardiente en el país se limitan a cancelar los referidos tributos en la aduana terrestre con Guatemala y Nicaragua, pero no cancelan este valor al fisco cuando han procesado el licor, según el subgerente de la destilería El Buen Gusto, Eduardo Fortín.

"Entre 50 y 80 millones de lempiras cancela anualmente al fisco nuestra empresa por concepto de la destilación de alcohol", expresó Fortín. "Existen unas 40 ó 50 marcas pirujas en el mercado, algunas de ellas se envasan de manera muy artesanal en casas de habitación", indicó.

Proponen en el CN eliminar las exenciones

El tema de las exoneraciones y franquicias en las importaciones ha llegado al Congreso Nacional.

Anoche se discutía en este poder del Estado una propuesta para que sean eliminadas este tipo de prebendas a empresas y organizaciones que operan en el país.

Según el titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), José Guillén, el tema de las exoneraciones se ha visto afectado por el abuso de algunas de las empresas e instituciones que gozan de ellas. "Las exenciones ha sido una motivación a los empresarios, pero los excesos no deben permitirse", dijo el funcionario.

Guillén aclaró que "el problema no se resuelve aumentando impuestos sino pagando lo que hay que pagar, todos debemos pagar lo que nos corresponde, cada quien dentro de su capacidad".

El funcionario reconoció que el contrabando y la defraudación fiscal deberán ser retos a combatir por parte del nuevo gobierno de Porfirio Lobo Sosa.