CN rechaza concesión, le toca ahora al Ejecutivo

El contrato de concesión de la central hidroeléctrica de Nacaome ya no se podrá ejecutar porque el Congreso Nacional derogó el decreto que lo convertía en ley de la República.

Sin embargo, la polémica contratación sigue vigente. La acción legislativa obliga al Poder Ejecutivo y a la Procuraduría General de la República someter a una revisión de dicho contrato y establecer si para la suscripción del mismo se cumplió con la Ley de Contratación del Estado y si se celebraron los procesos legales en el otorgamiento de concesiones por parte del Estado hondureño.

Estas explicaciones surgen a raíz de la derogatoria del decreto 293-2009, mediante el cual el Congreso Nacional aprobó en cada una de sus partes el denominado "Contrato de concesión para el mejoramiento, operación y explotación de la central hidroeléctrica de Nacaome".

Este contrato fue suscrito entre el gobierno de Honduras, a través de Soptravi y el consorcio de las empresas Italian Industrial Agency SRL y B&P Altolumies S.N.C. ambas de origen italiano; Hidrocontrol S. de R. L. de C.V. y Desarrollo, Construcciones y Equipo S.A. de C.V. denominado Eléctrica Nacaome S.A. (ENASA), con una vigencia de 25 años.

El contrato entre Soptravi y ENASA desató un conflicto de intereses entre empresarios y las comunidades de Valle y Choluteca, estos últimos alegan que trae más daños y perjuicios en vez de beneficios.

EL HERALDO fue el primer medio de comunicación que dio la alerta acerca de las irregularidades de este contrato.

La denuncia dio lugar a que el Congreso abriera una investigación, cuyas aristas adquirieron ribetes de escándalo cuando se detectó que la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) emitió dos ediciones del diario La Gaceta, una en la cual publica el decreto del Congreso mediante el cual se aprueba el Contrato de Concesión y la otra donde este decreto es excluido.

Lo que no quedó claro ni identificado son los responsables que tienen intereses políticos, económicos y comunitarios en esta polémica contratación en la cual el Estado de Honduras no resulta beneficiado de forma efectiva, según la opinión de algunos sectores.

Sobre la identidad de los responsables de esta operación, están siendo dilucidadas por los organismos como el Tribunal Superior de Cuentas y la Fiscalía contra la Corrupción, a raíz de la denuncia de EL HERALDO y sus resultados están por producirse.

El ex presidente interino del CN, José Alfredo Saavedra, en cuya gestión se aprobó el polémico decreto, fue quien introdujo a la Cámara Legislativa hace dos semanas el proyecto de derogatoria; en tanto la comisión legislativa que fue nombrada el 25 de enero para investigar presentó su informe en donde constata las irregularidades el miércoles de la semana pasada.

La comisión dictaminadora dirigida por el diputado Antonio Rivera Callejas expuso que el informe era contundente, pero antes de emitir una opinión favorable a la derogatoria, dijo que era conveniente sustentarse en opinión jurídica de la Procuraduría General de la República.

En consecuencia, lo hecho por el CN "blinda" al Estado frente a futuras demandas por parte del consorcio italo-hondureño, conocido como ENASA.

Congreso no dejó "enfriar" los decretos

El Congreso no dejó siquiera enfriar los ejemplares salidos de las máquinas impresoras del diario La Gaceta, cuando ya estaba derogando dos de los cinco decretos que allí son promulgados.

Tanto el decreto 293-2009, que contiene el contrato de la concesión, como el 287-2009 que se refiere a la creación de la Policía Técnica de Investigación Criminal fueron publicados de nuevo en la edición del diario La Gaceta del martes 24 de febrero, pero inmediatamente fueron derogados por el Congreso Nacional.

La edición completa consta de 56 páginas y además de los decretos en referencia aparecen las leyes y avisos legales pautados para la fecha del 22 de enero de 2010.

Con esto, la ENAG rectificó el adefesio (clon) cometido con la publicación de dos ediciones de una misma Gaceta, en donde el principal punto de controversia fue el decreto de concesión.