Desperdiciando los exiguos recursos

El nombramiento de un Comisionado Presidencial de Derechos Humanos no tendrá ningún resultado práctico positivo, tanto porque ya existe una figura constitucional, al igual que organismos no gubernamentales –nacionales e internacionales— que se encargan de tutelar la defensa de los derechos humanos en el país como por la consabida falta de credibilidad de la burocracia.

Si el propósito fuera responder a las presiones que para su reconocimiento por parte de la comunidad internacional está recibiendo el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, tampoco podría esperarse mucho ya que si el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, con toda la independencia de que goza, ha estado lejos de cumplir su cometido, mucho menos podría esperarse de un funcionario que responde directamente a las órdenes del Presidente de la República.

Si no fuera porque Honduras es uno de los países más pobres de América, --con una situación empeorada hasta el paroxismo por la crisis económica global y los hechos del 28 de junio del año pasado--, tampoco sería criticable el nombramiento de este nuevo funcionario público ya que la promoción y defensa de los derechos humanos, al igual que el castigo para los violadores de los mismos, debe ser una prioridad en toda sociedad civilizada.

Y es que la realidad nos ha enseñado que la existencia de organismos defensores de los derechos humanos, en sí misma, no garantiza el respeto de los mismos. Es más, ni siquiera de que se contará con información y denuncia fidedigna de tales abusos. Así lo deja establecida, la postura adoptada después del 28 de junio del año pasado por los organismos oficiales y no gubernamentales, que se convirtieron en activistas de uno u otro bando. La única forma práctica en que el actual y cualquier gobierno puede decir, en voz alta y clara, a la comunidad nacional e internacional que está honestamente comprometido en el respeto a los derechos humanos es poniéndole fin a cualquier violación existente y procurando el castigo ejemplar a quienes se hayan involucrado en crímenes de lesa humanidad o cualquiera otra forma de irrespeto a la dignidad humana ya sea en condición de autores materiales o intelectuales.

La situación es tan difícil en Honduras que mal hace el gobierno al desperdiciar los exiguos recursos económicos y humanos en cuestiones que no garanticen el éxito esperado. Las decisiones que se requieren con urgencia deben ser puntuales, con efectividad asegurada y no paños tibios ni parches para "taparle el ojo al macho".