Jueces destituidos piden condicionar retorno de Honduras a la OEA

La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), cuyos miembros fueron despedidos por la Corte Suprema de Justicia hondureña, pidió a la OEA condicionar la reincorporación de Honduras a ese organismo, según una copia de la carta enviada a la AFP este domingo.

"Solicita, Señor Secretario General de la OEA, que previo a cualquier reconocimiento o a la reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos, se exija al gobierno de Porfirio Lobo Sosa, que asuma un compromiso verdadero de promoción y defensa de los derechos humanos", anotó la carta enviada a José Miguel Insulza.

Honduras fue expulsada de la OEA después de la separación de Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009, y el canciller del nuevo gobierno de Porfirio Lobo que se instaló el pasado 27 de enero gestiona la reincorporación en la 40 Asamblea General de la OEA que se inaugura en Lima, Perú, este domingo.

Lobo precisa de la reincorporación para acceder a unos 500 millones de dólares de fondos que le retienen organismos financieros.

Este fin de semana, Insulza dijo que hay "obstáculos importantes" para el retorno de Honduras a la OEA. El primero, la oposición al "retorno incondicional" de Manuel Zelaya; y el segundo, la sanción contra los jueces que condenaron la destitución del ex mandatario.

La nota de la AJD, firmada por una magistrada de los cuatro despedidos, Tirza Flores, expone al secretario general de la OEA que la reincorporación no se debe producir hasta "que el Estado hondureño asuma su responsabilidad por todas las violaciones de derechos humanos ocurridas durante y después del golpe de Estado".

Los jueces sugieren también a Insulza que Lobo debe "reorganizar" el sistema de justicia, que "pasa necesariamente por la revisión del marco legal de estas instituciones, de su organización interna y de las actuaciones de sus autoridades".

A la vez "que se proceda al reintegro de los jueces Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Guillermo López Lone y a la magistrada Tirza del Carmen Flores a sus cargos, pues sus despidos (por la Corte Suprema de Justicia promotora del golpe) no tienen fundamento legal y son un acto de persecución política", alegan.

La Corte Suprema de Justicia de Honduras ratificó el pasado 1 de junio la decisión de destituir a los jueces "por faltas graves".