Niegan cambio de medidas a Rebeca Santos

En audiencia de revisión de medidas el juez Claudio Aguilar denegó cambiar las medidas sustitutivas a Rebeca Santos.

Actualmente, la ex ministra de Finanzas tiene prohibido salir del país y debe presentarse dos veces por semana a los Juzgados de lo Penal.

Por lo anterior la ex funcionaria pidió que se le quitara la medida de tener que firmar en los juzgados y solo se le dejará la prohibición de salir del país.

Ante la solicitud, el Ministerio Público argumentó que no se podían cambiar las medidas, porque existe el peligro de fuga por parte de la imputada.

Mientras que la defensa y la misma Rebeca Santos aseguraron que no existe el peligro de fuga.

"Desde el momento en que yo me presenté de manera voluntaria a los tribunales de justicia es porque tengo la intención de someterme a la ley", afirmó Santos.

La acusación

La ex funcionaria es acusada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción por los delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública.

Santos es señalada por el Ministerio Público de haber autorizado el pago de 27 millones de lempiras en gastos de publicidad supuestamente para promover la cuarta urna.

La acusada habría "ordenado al Tesorero General de la República retirar los fondos millonarios por medio de anticipos de pago; mismos que no contaban con estructura presupuestaria", indica el requerimiento fiscal.

Pidió amnistía

La defensa de Santos solicitó el derecho de amnistía en esta acusación, el cual fue concedida por el juez pero rechazada por la Fiscalía.

Al no estar de acuerdo con la resolución, los fiscales presentaron ante la Corte Primera de Apelaciones un recurso de apelación por la amnistía concedida.

Mientras que los abogados de la ex funcionaria también interpusieron un recurso de apelación porque el beneficio no se le otorgó por el delito de fraude. Ambos recursos de apelación todavía no han sido resueltos, por lo que la audiencia inicial sigue en suspenso.

Según la Fiscalía contra la Corrupción, la amnistía se concede cuando el acusado cometió delitos políticos y delitos comunes conexos, pero "los delitos que se le imputan a ella no son de tipo político sino de corrupción", enfatizó uno de los fiscales.