Verdades amargas

En Derecho se considera como uno de los mayores delitos la violación a los deberes de los funcionarios, algo común que, sin embargo, no se castiga con penas ejemplarizantes que podrían disuadir a quienes tienen alto honor de servir a la nación desde los cargos públicos, a faltar a su deber, cualquiera que sea la presión ejercida sobre ellos.

En los códigos antiguos se consideraba un crimen abominable el que un funcionario, fuera cual fuera el nivel en que se desempeñara, torciera la ley, la manipulara para favorecer a los contrarios o la aplicara dejándose llevar por sus emociones, sus odios o sus intereses particulares.

Para Napoleón Bonaparte, autor del Código Napoleónico que ha servido de base para la creación del marco jurídico de muchas naciones occidentales, los funcionarios debían ser íntegros, de probada honestidad, realmente capaces y dignos del cargo que ostentaban; en cuanto a quienes se encargaban de impartir justicia, debían, además, de tener una reputación intachable y, sobre todo esto, ser mentalmente aptos y no padecer de ningún mal que pudiera influir en sus emociones al momento de aplicar la Ley.

Para él, el juez era el individuo más poderoso y digno del imperio, pues era señor de vida o muerte, y en sus manos estaba la libertad o la cárcel para los ciudadanos. Por lo tanto, ninguna sombra debía manchar su capacidad para impartir justicia. Se supone que así debe ser en todas las sociedades.

CASO

A finales de febrero pasado, un hombre fue condenado en un Juzgado de Familia a barrer las calles, dar una pensión mensual a su mujer, a perder la patria potestad de sus hijos, a no acercarse a su propia casa a menos de un año luz y a asistir a charlas psicológicas que le ayudaran a superar su condición de “abusador de mujeres”.

La juez que vio su caso lo atacó permanentemente durante duró el juicio. Los testigos que presentó su defensa no fueron escuchados, se les acusó de perseguirlos por perjurio y falso testimonio y se les intimidó hasta que salieron en silencio de la presencia de la juez.

Los alegatos del hombre de que no había golpeado a su mujer, de que él la encontró en un motel con otro hombre, de que el hombre y ella se le fueron encima, lo atacaron y lo golpearon y que ella lo corrió de la casa amenazándolo a muerte, no sirvieron de nada.

La juez hizo justicia, se quejó de que la hacían perder el tiempo, que debió allanarse para ahorrarle tiempo y recursos al Juzgado y terminó llamando al acusado “machista, salvaje y pervertido”.

Su encuentro con la justicia fue traumático para él y aún hoy lleva en su memoria el rostro de piedra de la jueza, el silbido de serpiente de sus palabras y las miradas asesinas con que se dirigía a él.

Su abogado defensor le dijo después que “alguien le contó que la juez jamás se ponía a favor de un hombre porque sencillamente detestaba al género masculino; para ella, todo hombre era culpable y, por tanto, debía ser condenado.

Según su informante, un empleado cercano a ese Juzgado de Familia, la jueza sufrió abusos desde su niñez, veía cómo su papá maltrataba a su madre, cómo su padrastro también abusaba de ella y, años después, padeció en carne propia la violencia doméstica: su esposo también la maltrató por años, incluso hasta delante de sus hijos. Contra aquello, era muy poco lo que se podía hacer”.

REAL

Casos como este son muchos en el sistema judicial hondureño. En un juicio reciente, al acusado de violación la jueza condenatoria lo miraba con fuego en los ojos, cada vez que la acusadora se limpiaba una lágrima, después perdía el hilo de lo que se decía en el juicio, bostezaba hasta desencajarse las mandíbulas, cerraba los ojos, dormitaba unos minutos, se despertaba y tomaba un sorbo de agua, después escribía algo en la computadora portátil, (según su Secretario, “posiblemente contestaba correos electrónicos”) y volvía a bostezar.

Según una de nuestras fuentes, Su Señoría pasó hace unos años por una situación traumática que la convirtió en madre soltera, cambió su carácter y la hizo más dura al momento de aplicar la ley en delitos de aquel tipo, lo que nos da espacio para agregar un caso realmente detestable y punible.

Una juez de más de setenta y seis años, venerable por supuesto, ejercía en cierto juzgado; dedicó su vida a la carrera judicial y amaba lo que hacía.

Pero supo un día que su esposo de tantos y tantos años no la quería ya, que se había enamorado de una “doncella de grandes y jóvenes virtudes” y que se iba con ella.

El divorcio solo era un trámite que se cumpliría con el tiempo. A pesar de las lágrimas y de las súplicas, el don Juan no regresó al hogar y la jueza terminó por resignarse, pero algo cambió en ella; ya no sonreía, su rostro era una máscara llena de ojeras en la que brillaban dos ojos como dos hogueras, su arrugas, pues tenía algunas, eran más profundas y proyectaban su dureza de carácter para ocultar sus penas.

Desde ese momento, no hubo hombre que cayera en su juzgado que saliera absuelto. Un ex presidente de la Corte nos comentó “que empezó a odiar todo aquello que oliera a calzoncillo y que todo hombre era culpable con el solo hecho de ser llevado ante ella. Además, empezó a tratar a los hombres de pu…, mal nacidos, traidores, basuras, sucios y muchos adjetivos más”, surgidos del infierno de su dolor y frustración.
VILMA

Se dice que la gestión de Vilma Cecilia Morales al frente de la Corte Suprema de Justicia “fue de avanzada y que superó en mucho a algunos de sus predecesores”, aunque sus detractores dicen que “hubo mucho sectarismo durante esos siete años” pero reconocen que Vilma Morales “ha sido de las Magistradas más dignas que han ocupado el honroso cargo de Presidente”.

A ella le cabe el honor de ser la primera mujer en dirigir la Corte Suprema “en una sociedad donde el machismo es la primera virtud del poder político y en la cual, la mujer debe supeditarse al hombre como condición cultural”.

Pues fue al inicio de su gestión cuando el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó un préstamo a la Corte para cubrir los gastos que generaría la implementación del nuevo Código Procesal Penal y capacitación en Medicina Forense para la Defensa Pública, entre otras cosas; parte de ese dinero debía utilizarse para desarrollar un estudio amplio sobre la personalidad de los responsables de aplicar la justicia en el país, para lo que se contrató a un grupo de psicólogos uruguayos, cumpliendo uno de los requisitos no negociables del BID de que los proyectos que se ejecutan con su dinero no se realicen con personal local.

Los resultados fueron más allá de lo esperado. Un considerable porcentaje de jueces, magistrados, secretarios, alguaciles y escribientes salió tan mal evaluado que se decidió “guardar en el mayor secreto el estudio de los uruguayos”.

“La insanidad mental de muchos de los ejecutores y ejecutoras de justicia en Honduras da escalofríos –nos dijo una de las personas involucradas en el estudio–; da escalofrío abrir los expedientes y leer las conclusiones de los expertos.

La mayoría son verdaderos casos psiquiátricos que van, desde el alcoholismo crónico, con sus consiguientes efectos en la vida del paciente, hasta individuos con antecedentes criminales, producto de psicopatologías que pueden desencadenar en algo peor, y que a nadie parecen interesar”.

VERDAD

Decir la verdad no es un delito, aunque es motivo suficiente para asesinatos. Otro de nuestros entrevistados aseguró que los resultados de las pruebas psicométricas están en los expedientes de cada funcionario, “aunque jamás le permitirían el acceso a nadie, a no ser con una orden judicial”.

En cuanto a los resultados del estudio patrocinado por el BID, “debería de estar al alcance del público”.

Según un ex magistrado, que asegura haber tenido en sus manos el Informe Final del estudio, “la justicia en Honduras debería estar en manos de los hombres y mujeres más estables emocionalmente, cuyas personalidades no presenten rasgos de traumas o complejos antiguos y a quienes no afecten gravemente las presiones del día a día.

Por ahora, hace falta una depuración en el sistema judicial hondureño, sobre todo, por causas psicológicas, la mayoría de ellas, casi irreversibles”.

PROFILAXIS

En países como Chile, Costa Rica y Uruguay, los funcionarios judiciales tienen derecho a un mes de vacaciones profilácticas, y no solo están obligados a tomarlas, sino también tienen expresamente prohibido acercarse a su lugar de trabajo, referirse a temas de orden judicial o relacionarse con quienes siguen en funciones en el Poder Judicial.

Además, en países como estos, quienes aspiran a impartir justicia deben llenar algunos requisitos verdaderamente rigurosos.

MUERTE

Hace unos meses fue asesinada a balazos una jueza en una ciudad de Honduras. Uno de sus colaboradores nos contó que “la jueza, en pleno juicio, humilló a un acusado que le pedía permiso para expresar su versión acerca de los hechos de que se le acusaban, como seguramente era su derecho.

“¡Cállese! –le gritó, furiosa la jueza, señalándolo amenazadoramente–. ¡Usted es una escoria humana!” Nuestra fuente dice que él “cree que por eso le vino la muerte a la jueza; el muchacho al que juzgaba era un jefe de la pandilla 18”.

Una de sus amigas, que no quiso ser identificada, dijo que “mi amiga estaba pasando por un momento difícil. Por lo general, ella no era tan agresiva”.

VENGANZA

De todo hay en la viña del Señor y buscar la perfección completa entre los seres humanos es una tarea imposible. En la Corte Suprema, como en la Policía, en el Ministerio Público, en las iglesias, o en cualquier otra institución dirigida por seres humanos, hay elementos buenos y malos, lo que no significa que los buenos no sean corruptibles o que los malos no sean rescatables.

Sin embargo, ¿dejaría usted que un cirujano opere a uno de sus seres queridos cayéndose de borracho? En las conclusiones del Estudio de los uruguayos se dice que entre los funcionarios judiciales hay algunos que padecen depresión aguda, trastornos bipolares, alcoholismo, algunos son moralmente inaceptables, hay ninfómanas, algunas son agresivas, otras buscan inconscientemente venganza de los agravios sufridos en carne propia, hay quienes creen que la debida obediencia limita el criterio personal y hace flexible a la ley que debe aplicar justamente, hay mentirosos patológicos, manipuladores, excéntricos y ambiciosos en todas sus manifestaciones.

Uno de nuestros entrevistados, al comentar estas conclusiones dice que con jueces como estos deberíamos decir, antes de presentarnos ante ellos: “¡Sálvese quien pueda!”

CÓDIGO

Por fortuna para Honduras, los funcionarios judiciales que padecen estos males son pocos. “Hay más jueces responsables, dignos, sabios y justos –dijo el ex magistrado que entrevistamos–, y no sabría decirle si podríamos aplicar aquí aquello de que una manzana podrida daña a las demás. Lo cierto es que por unos pagan todos”.

Dice, además, que una de las ventajas del nuevo Código Procesal Penal es el Juicio Oral y Público, en el que las partes están frente a frente y que pone al descubierto las debilidades humanas de los operadores de justicia. Ç

Por supuesto, se ha avanzado mucho en la modernización del Sistema Judicial hondureño y se espera que con el tiempo mejore aún más, y que responda al compromiso de hacer justicia imparcialmente, con criterios sanos, apegados a la ley, con equidad y con hombres y mujeres intachables. Por los momentos, estas son verdades amargas que deben decirse.