La difícil lucha contra la impunidad

Lo ocurrido esta semana en la vecina Guatemala, con una situación de inseguridad muy similar a la de Honduras, es un dramático ejemplo de lo difícil que resulta, en países como los nuestros, enfrentar con posibilidades de éxito a la impunidad de que disfrutan los delincuentes de toda laya, pero más aún aquellos que conforman los círculos del poder.

El lunes, de nuevo la sociedad guatemalteca fue sacudida. Esta vez, en una conferencia de prensa, el jurista español Carlos Castresana, el director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), anunció su renuncia a la titularidad del organismo dependiente de las Naciones Unidas.

Esto ocasionó la alegría entre los corruptos, los traficantes de todo tipo y sus defensores. Quizás muchos de ellos comparten la reacción del encarcelado ex presidente Alfonso Portillo de que Castresana "vino a dividir al país". Claro, antes de la CICIG, que comenzó a funcionar en 2008, alguien como Portillo jamás hubiera ido a parar a prisión.

Pese al amplio respaldo de la comunidad internacional, la CICIG ha debido sobrepasar muchos obstáculos para resolver casos emblemáticos de impunidad, como el del mismo ex presidente Portillo. Pero al menos su hasta ahora director llegó al límite con el nombramiento por parte del presidente Álvaro Colom, el pasado 25 de mayo, del nuevo fiscal general a quién vincula con el crimen organizado.

Se espera que pronto las Naciones Unidas nombren su sustituto, aunque muchos guatemaltecos quisieran que Castresana reconsidere su renuncia.

En una muestra de que en Guatemala todavía queda independencia en algunos organismos claves, la Corte de Constitucionalidad resolvió el jueves que el proceso de selección del nuevo fiscal general había sido viciado, sacando así de apuros al presidente Colom, quien aseguró después de que todos modos lo habría destituido.

Diversos sectores de Guatemala libran ahora una fuerte lucha a fin de que se inhiban de participar los doce miembros de la Comisión Postuladora que fue la que puso a disposición del presidente de la República los seis candidatos de donde escogió a Conrado Reyes, quien solo fue fiscal general durante 17 días.

De esta forma se pone en evidencia la difícil lucha contra la impunidad, pero también los avances que poco a poco pueden irse logrando cuando se cuenta con el compromiso de los sectores honestos del país y también de la comunidad internacional.