Honduras
En un intento conjunto para combatir el lavado de activos, producto del crimen organizado, ayer se reinstaló una comisión gubernamental.
El comité Interistitucional para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAFT) tomó fuerza al reunirse para elaborar el reglamento que regirá las funciones de esta institución para la aplicación de la Ley de Privación Definitiva de Bienes de Origen Ilícito.
En el reglamento se está hablando que van a ser ocho miembros: la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), el Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad, Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, la Secretaría de Finanzas, Gobernación y Justicia y Defensa Nacional, declaró Óscar Álvarez, ministro de seguridad.
Según el funcionario, la idea de hacer la fuerza de tarea conjunta es no cometer errores al momento de proceder a acusar a alguien o incautar bienes.
La presidenta de la CNBS, Vilma Cecilia Morales, ha señalado hacer una fuerza de tarea compuesta por Policías, fiscales y jueces, también de finanzas, donde está la DEI, afirmó Álvarez.
Sentencias condenatorias
Según la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia y actual presidenta de la CNBS, en los Tribunales de Justicia se han obtenido 44 sentencias condenatorias y otros doce casos se encuentran en proceso judicial, en el período 2002 al 2009.
Por lo tanto, los bienes incautados concernientes a las sentencias obtenidas ya pueden ser ingresados como parte de los bienes que serán asignados a las diferentes instituciones que luchan contra el crimen organizado.