Poniendo a la infancia primero

En 2006, la Reunión Regional de los Estados Americanos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) declaró el inicio de una "Década de promoción del trabajo decente", a partir del informe sometido por el director general de la OIT en tal ocasión. Juan Somavia propuso una agenda hemisférica con metas muy precisas.

De particular importancia son las metas referidas a eliminar las peores formas de trabajo infantil para 2015 y todo trabajo infantil para 2020. Los países centroamericanos, Panamá y República Dominicana han asumido dichos objetivos con gran seriedad; y para alcanzarlos han redactado, con una amplia participación pública y privada, hojas de ruta.

En cada país se han analizado las políticas y planes nacionales y su incidencia en la prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas. El proceso de análisis ha sido muy participativo: han tomado parte gobiernos, organizaciones de empleadores, de trabajadores y de la sociedad civil. Las hojas de ruta nacionales detallan los procesos, tiempos y recursos necesarios para la prevención y erradicación del trabajo infantil. Dichas hojas de ruta han sido validadas de forma tripartita. Una vez validadas, se avanza en la adopción por parte de los Estados de la hoja de ruta subregional para hacer de Centroamérica, Panamá y República Dominicana una zona libre de trabajo infantil, marco estratégico que comprende los esfuerzos nacionales y fortalece su compromiso en el combate sostenido a este flagelo.

En la región hay una conciencia creciente de que el respeto a la dignidad de niñas, niños y adolescentes debe traducirse en su no participación en trabajos que puedan perjudicar su desarrollo educativo, físico y mental. Ello supone acciones concretas en ámbitos como la lucha contra la pobreza, la promoción de la salud, las políticas educativas y de protección de los derechos humanos de los integrantes más jóvenes de las sociedades.

La acción a favor del desarrollo integral de la niñez y adolescencia, mediante el combate al trabajo infantil, debe articularse posteriormente con una política de promoción de trabajo decente para la juventud que contemple la permanencia -lo más posible- de los adolescentes en espacios educativos que les permitan adquirir destrezas y habilidades idóneas que hagan que su ingreso y participación en el mercado laboral (como trabajador dependiente o independiente o como emprendedor) se produzca en las mejores circunstancias posibles.

La promoción del trabajo decente para la juventud supone desterrar la opción por la mano de obra barata, falsa ventaja competitiva, pues las democracias del siglo XXI deben buscar políticas orientadas a la mejor calificación del recurso humano.

Personas adecuadamente formadas hacen la diferencia en la economía del conocimiento, en la cual los países deben insertarse ventajosamente para sacar provecho de la globalización. El combate al trabajo infantil debe articularse también con políticas promotoras del trabajo decente y empleos productivos para los padres y madres de los niños y niñas más expuestos a trabajar: hijas e hijos de desempleados y subempleados y de hogares pobres.

En estos tiempos de crisis ha aumentado el número de jefes o jefas de hogar con menores posibilidades de estar adecuadamente empleadas y recibir suficientes ingresos para la manutención de sus familias.

Es indispensable canalizar esfuerzos públicos y privados -como lo sugiere el Pacto Mundial por el Empleo- para consolidar un modelo de desarrollo que ponga al centro de las políticas a las personas concretas: los Josés y las Marías que son padres de los Pedros y Martas de estas tierras.

El combate al trabajo infantil y sus peores formas es crucial para la consolidación democrática. Del éxito en dicha tarea, en los plazos indicados, dependerá el avance de la justicia social y de la libertad en el hemisferio.