Educación avaló que políticos asaltaran las escuelas Proheco

La Secretaría de Educación también es responsable de que los políticos irrumpieran y hasta desbarataran las escuelas del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco) para colocar a sus activistas.

La politización abierta del programa surge a partir de este año luego de que la coordinadora general de Proheco, Yuny Patricia Goldberg Cálix, emitiera el 16 de abril un memorando ordenando a los coordinadores departamentales cancelar los contratos privados que las Asociaciones Educativas Comunitarias (Aeco) habían suscrito con los maestros Proheco, tal y como lo denunció EL HERALDO.

El memorando tenía como fundamento la aplicación del decreto 4-2010 aprobado por el Congreso Nacional el 10 de marzo y que, según opinión de profesionales de derecho administrativo, no es aplicable a las escuelas Proheco.

El memorando dio origen a que diputados, alcaldes y regidores municipales, confabulados con coordinadores departamentales y promotores de Proheco, atropellaran abiertamente a los maestros y padres de familia para imponer por la fuerza a sus activistas como maestros en los centros educativos.

Como decenas de mentores y padres de familia presentaron denuncia de los atropellos ante la Fiscalía de las Etnias, equipos de fiscales se desplazaron a los diferentes departamentos del país para documentar los casos y constatar las vejaciones.

El miércoles recién pasado, la Fiscalía de las Etnias presentó requerimiento fiscal contra Yuny Patricia Goldberg Cálix, coordinadora general de Proheco, por suponerla responsable del delito de abuso de autoridad.

Opiniones

Ante el requerimiento fiscal, Goldberg Cálix no quiso hablar y se limitó a decir que ya tenía su representante legal. En una entrevista anterior ella había manifestado que el memorando estaba respaldado por la opinión del departamento legal de Proheco y por la opinión de asesoría legal de la Secretaría de Educación.

El seis de abril, Belkis Cárcamo, de la Unidad Legal de Proheco, emitió su opinión legal argumentando "que para el presente año escolar las Aecos ha suscrito contrato con 5,894 maestros a nivel nacional y que los mismos fueron firmados antes del 26 de enero del 2010, cuando el Congreso Nacional aun no había aprobado el Presupuesto General de la República, la firma de estos contratos se hace en base a la reserva de fondos del programa", justifica.

Además, consideró, "que el decreto legislativo 4-2010 en su artículo uno deja sin valor ni efecto todos los contratos bajo cualquier renglón o modalidad cuyo vencimiento sea posterior al 26 de enero del 2010 celebrados por la administración pública central. Organismos descentralizados y desconcentrados y gobiernos municipales que no hayan contado previamente con asignación presupuestaria respectiva y que prolonguen sus efectos al siguiente período de gobierno de la República y que no hayan sido aprobados por el Congreso Nacional".

"Y analizando el decreto 4-2010 emitimos nuestra opinión legal, los contratos de los maestros Proheco deben ser cancelados, puesto que el decreto estipula textualmente dejar sin valor ni efecto los contratos de servicios personales de profesionales que esté dentro de cualquier otro renglón o modalidad cuyo vencimiento sea posterior al 26 de enero del 2010 celebrados por la administración pública", continuó.

El 6 de abril, el mismo día que emite su opinión legal, Cárcamo envía una nota al abogado Aníbal Delgado, secretario general de Educación, diciéndole "por este medio remito a usted opinión legal sobre la aplicación del decreto legislativo número 04-2010 de fecha 10 de marzo del 2010 a efecto de que la Secretaría General de Educación se pronuncie".

El 9 de abril, Delgado le responde a Cárcamo y le envía la opinión de la asesora legal Chantal Salinas que al final dice: "por consiguiente la opinión legal emitida por la abogada Belkis Cárcamo de la unidad legal de Proheco está emitida conforme a derecho".

La Fiscalía de las Etnias cuenta con toda la documentación que utilizó la coordinadora general de Proheco para emitir el 16 de abril el memorando.

Más acciones

Además de las acciones penales contra Goldberg Cálix, la Fiscalía se prepara para presentar nuevos requerimientos fiscales contra coordinadores departamentales que abusaron de su autoridad -al despedir y contratar maestros- y que también usurparon funciones de las Aeco para emplear a los activistas políticos en las escuelas.

El caos generado por la politización de las escuelas de este modelo educativo también tiene graves consecuencias judiciales sobre aquellas Aeco que al ser manipuladas por los políticos y autoridades de Proheco anularon los contratos suscritos con los maestros en febrero de este año.

Solo en el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Danlí, El Paraíso, existen cinco demandas contra Aecos que cancelaron contratos laborales. Si estas directivas pierden las demandas, tendrán que cancelar fuertes sumas de dinero por incumplimiento de contratos.