Honduras: Inicia desalojo pacífico en el Bajo Aguán

El viceministro de Seguridad, Armando Calidonio, no descartó que en los grupos armados del Aguán haya menores de edad que han sido reclutados y han recibido entrenamiento para usar armas de guerra.

Confió que ha platicado con el general René Maradiaga Panchamé, también han estado en contacto con las Fuerzas Armadas y la Policía para poder corroborar este hecho, porque se maneja "la gran posibilidad de que existan menores de edad".

Para los cuerpos policiales lo que está claro es que la gente está fuertemente armada, porque han podido ver escopetas, pistolas 9 milímetros, fusiles M-14, AK-47 y algunos fusiles 2.23, entre otras armas.

"No tenemos dudas de que existen esas armas, ya se ha comprobado; ahora vamos a continuar con el operativo y toda persona que se encuentre en cualquier parte de nuestro país con armas ilegales, de guerra, va a ser detenido, decomisada el arma y puesta a la orden de la Fiscalía", dijo.

Reacción policial

Calidonio confirmó que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas intensificaron operativos con el fin de retornar la tranquilidad al sector y, sobre todo, para generar un ambiente en el cual se pueden asignar nuevamente las seis fincas de acuerdo al convenio firmado por el presidente de la República con los grupos campesinos.

Fue enfático al advertir que a partir del momento se va a requerir a todas las personas, no importa si son campesinos, obreros, empresarios o guardias de seguridad, que sean sorprendidas con armas irregulares, y serán remitidas a los tribunales de justicia correspondientes.

Prosiguió diciendo que el arma que porte la persona que sea requerida le será decomisada y remitida a la Fiscalía para que el Poder Judicial le aplique todo el peso de la ley.

Manifestó que el delito de portación de armas ilegales se castiga con nueve años de prisión, sin a fianza.

Por otra parte, el viceministro explicó que una vez que las seis fincas sean entregadas a los campesinos, la Policía, en coordinación con las Fuerzas Armadas, entrará a los terrenos a realizar una revisión rigurosa para asegurarse de que no existan ese tipo de armas.

Prosiguió que las personas que tienen armas en su poder, no importa dónde se encuentren, van a ser detenidas y procesadas judicialmente por medio de la Fiscalía.

Del desarme se excluye a la gente que tenga su permiso de portación, a la que se respetará por instrucciones del presidente de la República.

Adelantó que a los invasores de oficio, que son reincidentes, se les aplicará el artículo 70 de la Ley de Reforma Agraria, el cual indica que pierden los beneficios para acceder a la reforma agraria por dos años.

Enfatizó en que en ninguna otra parte del país, incluido el Bajo Aguán, se va a permitir invasiones y en que estarán vigilantes para que eso no siga ocurriendo. "Les decimos a los empresarios, a los que tienen las tierras, que hagan los tratamientos que corresponden y nosotros como Policía Nacional vamos a asegurarnos de que esas situaciones no sigan sucediendo de manera irregular".

Confió que van a documentar a todas las personas que han participado en invasiones y que si se les vuelve a encontrar en una acción similar se les aplicará el artículo 70 de la Ley de Reforma Agraria. Después de las reuniones sostenidas con el Poder Judicial, la Fiscalía y las Fuerzas Armadas, se determinó realizar un plan de operaciones conjuntas, específico para cada una de las fincas, para podes entregarlas y desalojar algunos lugares. Aseguró que el operativo está funcionando en un 100 por ciento en el Bajo Aguán y que lo extenderán a nivel nacional.

FARC

Al consultarle si extranjeros participan en los entrenamientos de grupos irregulares, Calidonio respondió que se ha hablado de algún nexo con grupos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), lo que está en proceso de investigación.

Aseguró que todavía no tiene a ninguna persona detenida, pero sí "tenemos información de que existen personas de otros países, pero que eso lo van a corroborar, porque a las personas que se encuentren en las diferentes fincas se les pedirá la identificación y, si no la portan, van a quedar detenidas".

Desalojo en Sabá

Las órdenes de desalojo de las fincas tomadas por campesinos en la zona del valle del Aguán continuaron ayer.

Con una orden emitida por el juez de letras de Tocoa, Luis Alberto Juárez, los elementos de la Policía y el Ejército se desplazaron hasta la zona de Orica, en el municipio de Sabá, donde grupos campesinos tienen tomada una finca que había sido recuperada hace tres semanas.

A las 8:00 de la mañana, la caravana de las autoridades llegó al lugar.

Tras revisar a los campesinos hallaron que algunos portaban armas sin permiso.

En la operación, Celso Hernández fue detenido.

En la discusión que se generó porque los campesinos no aceptaban la disposición judicial, uno de los hombres que observaba que su compañero era detenido, en una acción rápida sacó un machete y corrió para atacar a uno de los policías que llevaba detenido al hombre.

Esa acción generó momentos de tensión porque la reacción del contigente policial y militar fue evitar un ataque, defenderse.

Los campesinos se resistieron a desalojar y manifestaron que estaban cansados de que se los acusaran de ser los que provocan el caos en la zona del Aguán. "Nos vale morir, sufrimos, estamos marginados, nos acusan de tener armas. Estamos amenazados, ya no sabemos cómo defendernos, aquí nos vienen a atropellar", dijo una de las mujeres del grupo campesino.

Después de una hora de diálogo, al final, pacíficamente los campesinos abandonaron la zona de 59 hectáreas que comprende el predio que fue retomado.