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CSJ recomienda al Congreso Nacional reformar ley del Ministerio Público

La reforma al artículo 25 de la ley del MP se dio en el marco de un contexto político protagonizado por una huelga de hambre de un grupo de fiscales, acto de presión promovido desde el Ejecutivo que dirigía Manuel Zelaya
04.01.11 - Actualizado: 04.01.11 09:48pm - Redacción: redaccion@elheraldo.hn

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Tegucigalpa,

Honduras

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) recomendó al Congreso Nacional (CN) crear un mecanismo que permita el juzgamiento de quienes desempeñen los cargos de fiscales generales del Ministerio Público (MP).

El llamado lo hace el Poder Judicial en la sentencia que declara inconstitucional el decreto legislativo No. 49-2008, publicado en el diario oficial La Gaceta el 8 de mayo de 2008.

Se declaró inconstitucional lo referido a que "El fiscal general de la República y el fiscal general adjunto podrán ser objeto de investigación en cualquier momento por el Congreso Nacional o cuando formulen denuncias ante el Congreso Nacional en su contra o ante el Ministerio Público debidamente sustentada...", "Que el Congreso Nacional en el ejercicio de sus funciones constitucionales podrá investigar la conducta administrativa o ética de los funcionarios indicados en el párrafo anterior, mediante la comisión que se integre para tal efecto y, de resultar que han actuado con negligencia, ineficiencia o en contradicción a las reglas de buena administración, se procederá en el pleno del Congreso Nacional a una audiencia pública para escuchar a él o los responsables a efecto de determinar su separación definitiva".

Fiscalía presenta recurso

La Fiscalía de Defensa de la Constitución interpuso un recurso de inconstitucionalidad de este decreto por considerar que violenta ocho preceptos constitucionales, uno de ellos la independencia de poderes.

Con base en lo anterior, el 18 de mayo de 2010, la Sala Constitucional de la CSJ, por unanimidad de votos, derogó este decreto que reformaba el artículo 25 de la ley del MP.

Seguidamente, el 10 de junio, la sala dio traslado de la sentencia al CN para que ordenara la publicación de dicha sentencia en el diario La Gaceta, la que fue efectiva el 20 de diciembre de 2010.

En su sentencia, la Sala Constitucional percibió que "existió de parte del soberano Congreso Nacional una extralimitación en sus funciones".

Si bien es cierto el Legislativo puede aprobar o improbar la conducta administrativa de los fiscales generales, no está facultado para determinar la separación definitiva del cargo.

Si los hace, la Sala Constitucional lo interpreta como una invasión de la facultad que tiene el Poder Judicial de impartir justicia, de aplicar las leyes a casos concretos, de juzgar y ejecutar lo juzgado.

La reforma al artículo 25 de la ley del MP se dio en el marco de un contexto político protagonizado por una huelga de hambre de un grupo de fiscales, acto de presión promovido desde el Ejecutivo que dirigía Manuel Zelaya.

El gobierno de Zelaya promovió la creación del decreto 49-2008 para dar vía libre a la destitución de los fiscales generales, en ese entonces Leonidas Rosa y Omar Cerna.

En un solo día el Ejecutivo lo sancionó y publicó en La Gaceta, para que Enrique Flores Lanza entregara copias de la ley a los huelguistas que se apostaban en los bajos del CN.

Afanes de desestabilización

La treta para atentar contra el Estado de derecho no funcionó, siendo este un revés a los afanes del gobierno zelayista para desestabilizar las instituciones del país. Atentar contra la institucionalidad del MP era parte del plan continuista que finalmente fracasó el 28 de junio de 2009.

De hecho, fue en la fiscalía donde Zelaya encontró la principal oposición a su plan continuista y a la instauración del socialismo chavista en Honduras.

Juzgamiento

En la sentencia que declara inconstitucional el decreto legislativo 49-2008, la Sala Constitucional estima que, si se encuentran méritos para una investigación en el ámbito penal, las denuncias deben remitirse a los organismos competentes.

"En ese orden de ideas, esta Sala afirma que si bien es necesario reformar la Ley del Ministerio Público para establecer un mecanismo eficaz para deducir responsabilidad penal al fiscal general y al fiscal general adjunto, pues conforme a ley el monopolio de la acción penal pública le corresponde a dicho organismo, la denuncia llegaría obligadamente al Ministerio", cita la sentencia.

Si se encuentran méritos (para) ejercer la acción penal contra las referidas autoridades, "se tendría que diseñar un mecanismo que reforme la ley del Ministerio Público para los efectos apuntados, vale decir, que sea eficaz para enjuiciar a los precitados funcionarios", recalca la Sala.

En la sentencia se enuncia que la reforma debe adecuarse a "los principios democráticos en un Estado de derecho y, lo medular de ello, que esa reforma no contraste la Constitución de la República".

Fortalece la ley

Al derogar el decreto 49-2008 se fortalece el estado de derecho, coincidió el asesor legal del MP, Rigoberto Espinal.

"Las cosas vuelven a estar como estaban antes, lo que ha ocurrido es algo que debe esperarse en un orden de estado de derecho", expresó. A su criterio, el decreto buscaba destruir la institucionalidad del MP. Explicó que en las condiciones actuales, de existir una denuncia contra los fiscales generales, se deberá turnar a la CSJ para que se nombre un juez natural que deberá conocer el caso.

Por su parte, el diputado democristiano German Leitzelar dijo que, de existir responsabilidad penal o civil, están el MP y el Tribunal Superior de Cuentas para incoar las acciones legales, según su competencia. Expuso que la inconstitucionalidad de la reforma no le quita facultades al CN de investigar la conducta administrativa de los fiscales generales, para lo cual resta definir un mecanismo para la destitución.

"En el caso de la sanción administrativa, tiene que elaborarse un mecanismo que no se anteponga a la Constitución", dijo. El reglamento deberá definir parámetros de destitución de altos funcionarios.

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La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Constitucional, derogó el decreto legislativo 49-2008, que facultaba al CN a investigar a los fiscales generales para efectos de su destitución.
La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Constitucional, derogó el decreto legislativo 49-2008, que facultaba al CN a investigar a los fiscales generales para efectos de su destitución.

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