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Hubo golpe de Estado al Ejecutivo en Honduras

El 10 por ciento del informe fue declarado en secritividad y será enviado a una biblioteca en Canadá.
07.07.11 - Actualizado: 07.07.11 04:18pm - Redacción/Agencia: redaccion@elheraldo.hn

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Tegucigalpa,

Honduras

En Honduras hubo golpe de Estado al Ejecutivo, concluyó el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) sobre los hechos políticos de antes, durante y después del 28 de junio de 2009.

El extenso documento denominado "Para que fue los hechos no se repitan" fue presentado este jueves en Tegucigalpa, capital de Honduras, ante la presencia del presidente Porfirio Lobo, el titular de la Corte Suprema de Justicia Jorge Rivera Avilez y el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) Miguel Insulza. En representación del Congreso Nacional asistió su vicepresidenta Nora Gúnera de Melgar.

Entre los principales hallazgos de la CVR, destaca la convocatoria de la consulta popular promovida por el derrocado presidente Manuel Zelaya Rosales, que "marcó un momento irreversible en la crisis" que atravesó Honduras.

"Los comisionados reconocemos que la convocatoria a una consulta (...) marcó el elemento definitivo de la confrontación que tuvo como desenlace la captura del presidente Zelaya y su posterior expulsión a Costa Rica, ejecutándose de esta forma el golpe", dijo el coordinador de la CVR, el guatemalteco Eduardo Stein.

Los comisionados aseguran haber recibido testimonios de que Zelaya Rosales buscó apoyo en los partidos Nacional y Liberal para la realización de la consulta, llegando a ofrecer la presidencia de la asamblea nacional constituyente al entonces titular del Legislativo Roberto Micheletti; sin embargo, el rechazo a la denominada "cuarta urna" fue trasladando las alianzas de Zelaya a otras fuerzas políticas, asociaciones campesinas, gremios magisteriales y sindicatos.

La CVR, que inició su labor en abril de 2010, reprochó a Zelaya su "injerencia" en los demás poderes del Estado, y destacó que la crisis que derivó en su derrocamiento comenzó "varios meses" antes por sus disputas con el Congreso.

"Zelaya se fue colocando en posiciones de riesgo violando varias leyes, y llevó a cabo acciones que lo dejaron sin sustento político y enfrentando al resto de la institucionalidad en el país".

El informe sostiene que Zelaya se quedó sin espacio en la Corte Suprema de Justicia, sin el apoyo de su propio partido, sin un candidato afín en las primarias del PL, sin influir en la designación del Fiscal General y sin influencia en la Procuraduría.

"En el ejercicio de la función pública se produjo de hecho una injerencia de las competencias de los poderes del Estado, más visible pero no única del Poder Ejecutivo hacia los demás poderes, situación que condujo a una situación de incertidumbre", dijo.

Por lo tanto, establece que la expulsión del expresidente "fue responsabilidad de él mismo y de los que lo sacaron".

El Congreso hondureño nombró ese mismo día como nuevo presidente a su titular, Roberto Micheletti, quien nunca obtuvo reconocimiento internacional.

El Congreso Nacional "no tiene atribuciones para destituir y nombrar al sustituto por lo que se colige que el gobierno fue ilegal, fue un régimen de facto", señala el documento.

Agrega que "la Constitución de Honduras "carece de un procedimiento claro para resolver conflictos entre poderes y cómo resolver y tratar a altos funcionarios", continúa, por lo que "la falta de un procedimiento definido provocó la extralimitación de funciones del Congreso Nacional".

Asimismo, señala que una semana antes de la consulta popular, conocida como la "cuarta urna" y que costó el poder a Zelaya, hubo un diálogo para cambiar la pregunta o postergar la encuesta unas dos semanas.

La última sugerencia la hizo Zelaya a Arturo Corrales, pero los dirigentes del Partido Liberal más cercanos, los radicales y medios de comunicación zelayistas manifestaron su rechazo y desaprobación y exigieron continuar y concluir lo planificado.

"Se da un golpe de Estado cuando han ocurrido cuatro elementos: que la víctima del golpe sea el presidente de la república; que el perpetrador del golpe haya ejercido violencia; que las acciones que conforman el golpe sean abruptas, repentinas y rápidas; y que la acción se produzca en clara violación del procedimiento constitucional para la destitución del presidente", expresó Stein.

"Lo ocurrido tiene las cuatro características de un golpe de Estado en contra de Zelaya", reiteró.

Zelaya fue detenido en su casa y expulsado del país la madrugada del 28 de junio de 2009 en una operación militar que contó con el aval de la Corte Suprema y el Congreso. Intentaba realizar ese día una consulta popular -declarada ilegal por la Justicia y el Congreso- con el fin último de cambiar la Constitución para buscar un nuevo mandato.

Sobre las FF AA

El informe indica que en el período del expresidente Zelaya, las FF AA y su alta jerarquía fueron beneficiadas por el Ejecutivo con disposiciones al margen de las regulaciones hondureñas, la extensión del mandato del jefe del Estado Mayor Conjunto, la
asignación de presupuesto extra y cambio de funciones.

Bajo esta perspectiva, la CVR señala que en el primer semestre de 2009 las Fuerzas Armadas de Honduras se vieron enfrentadas a dos circunstancias de la conyuntura política que eran irreconciliables: la orden del comandante en jefe de apoyar con la logística de
la institución castrense la ejecución de la cuarta urna y, por el otro lado, cumplir la orden de los tribunales competentes de no apoyar la consulta por ser considerada ilegal.

De acuerdo a testimonios vertidos por actores políticos y miembros de la FF AA, varias reuniones gestionaron y participaron en una "auténtica peregrinación" en la instancia política para ver si era posible encontrar una solución por la ruta de la negociación política, no obstante, "la institucionalidad del Estado había caído en una parálisis" y la insistencia de Zelaya lo enfrentó con el resto de la institucionalidad pública de Honduras.

En vista de lo anterior, "la resolución de la crisis pasó del ámbito civil al militar", con el incumplimento de la orden judicial al no presentar a Zelaya ante la autoridad competente y en su lugar trasladarlo a Costa Rica, aunque se observa que "la Corte Suprema de Justicia no pidió explicaciones ni se registra actuación alguna de parte de esa administratura superior hacia el órgano castrense".

Aún sin Zelaya, se establece que el Estado hondureño siguió funcionando en el resto de su institucionalidad y las "Fuerzas Armadas nunca exhibieron pretensiones de adueñarse de espacios de control civil".

Comunidad internacional

La CVR destaca además que en el período previo al golpe de estado, la comunidad internacional en general, a pesar de algunas alertas, no intervino, con excepción de los gobiernos que apoyaban la iniciativa de la consulta y la Organización de Estados Americanos, que envió una misión de acompañamiento, pese a que todas las instancias competentes habían emitido resoluciones declarando ilegal el proyecto de Zelaya.

Esta decisión, sostiene, "minó la confianza de varios sectores hondureños en ese organismo internacional".

El tema dividió a Latinoamérica, comentó Stein, porque exhibió una polémica sobre agendas encontradas, provenientes de otras latitudes, con ciudadanos de otros países centroamericanos apoyando posiciones de respaldo o rechazo a lo que se estaba viviendo en Honduras, con temor de que se estuviese viviendo una agenda contraria a valores democráticos conocidos.

Consecuencias

Durante su recorrido por los 18 departamentos de Honduras, la Comisión asegura haber percibido el reclamo de ciudadanos hacia la clase política que se reduce en el derecho de saber la verdad, la justicia y la aplicación de la ley a los responsables, así como a la práctica de provocar crisis y luego lograr pactos que conduzcan a la impunidad, lo que finalmente repercute en el sentimiento de falta de interés, abandono y de la carencia de espacios de participación.

Sumado a esto, afirma que la crisis generó considerables pérdidas económicas a los sectores más vulnerables de Honduras, superando los 20,250 millones de lempiras, de acuerdo a un informe de la Cepal.

Elecciones fueron legítimas

En el informe consta además que el Tribunal Supremo Electoral había recibido en 2009 apenas el cinco por ciento de los fondos asignados al proceso electoral, debido a que la Secretaría de Finanzas no enviaba el presupuesto al CN para su aprobación, en desacato a la ley hondureña.

Las resoluciones del TSE no fueron acatadas ni por el Poder Ejecutivo ni los medios de comunicación, lo que disminuyó la credibilidad del ente gubernamental en el proceso democrático.

Pese a lo anterior, la CVR califica como "legítimo el proceso electoral para elegir al presidente, designados, diputados y corporaciones municipales", ya que el proceso había iniciado con la convocatoria a elecciones internas de movimientos internos de cada partido desde 2008, mientras los comicios generales fueron convocados el 28 de mayo de 2009, un mes antes de la salida de Zelaya del poder.

Violaciones a los derechos humanos y medios de comunicación

"Constatamos y recibidos testimonios de que del 28 de junio de 2008 al 27 de enero de 2010, autoridades y agentes del orden cometieron violaciones a los derechos humanos para reprimir protestas en un marco general de impunidad y tolerancia por mandos superiores", continuó Stein.

La CVR afirma que hubo un mínimo de 12 personas muertas por el uso desproporcionado de la fuerza, de las cuales siete ni siquiera participaban en las manifestaciones.

"En ningún caso se justifica la respuesta con fuerza mortífera que conocían mandos superiores de la Policía y de las Fuerzas Armadas", agregó.

Asimismo, sostiene que "ocho opositores podrían haber sido asesinados selectivamente por agentes del Estado u otros perpetradores que servían a la política estatal" y que aunque no existe información contundente, no debe descartarse la influencia de la autoridad.

También se establece que si bien los medios de comunicación de Honduras reflejaron la misma polarización de la sociedad, fueron lamentables las "violaciones a la libertad de expresión con cierre y ocupación por militares de medios de comunicación, destrucción de equipo de transmisión tanto en Tegucigalpa como en otros ciudades de país" de medios afines a Zelaya.

Igual rechazo, sostuvo, merecen ataques de destrucción y amenaza por parte de ciudadanos supuestamente afines a Manuel Zelaya, contra medios considerados o identificados como seguidores del gobierno de Micheletti, la destrucción de franquicias de alimentos y contra iglesias católicas y evangélicas.

Castellanos: Fue un "recorrido intenso"

La encargada del mensaje de bienvenida a los presentes en el salón de un centro infantil de Tegucigalpa, fue la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos.

Castellanos recordó que hace 427 días, los miembros de la CVR prometió indagar sobre los hechos relacionados al 28 de junio de 2009, día en que fue separado del poder el expresidente Manuel Zelaya Rosales por promover una encuesta popular para derogar la actual Constitución de Honduras e instlar una asamblea constituyente.

"Ha sido un recorrido intenso y profundo con los diversos sectores que integramos la hondureñidad y también con países y funcionarios internacionales, y organizaciones que de forma directa e indirecta estuvieron involucrados tanto en el proceso de construcción de la crisis como en la búsqueda de soluciones de la misma", manifestó.

La rectora expresó que aunque el informe incluye hechos y participaciones individuales, tiene el propósito de "construir el proceso de crisis viendo las participaciones institucionales en definidas competencias".

Posteriormente, fue presentado un video de 10 minutos, que resume el trabajo realizado por la Comisión de la Verdad.

El informe

El informe de la Comisión, de 550 páginas y dividido en cuatro partes, además de anexos con otras 700, recomienda al presidente Porfirio Lobo que pida "perdón" a las víctimas del golpe.

"Recomendamos al Estado que pida perdón a las víctimas y que se asuma un compromiso con las mismas", dijo Eduardo Stein.

Dicho reporte incluye hechos comprobables o noticiados por los medios de comunicación en cronologías que permitan a Honduras y la comunidad internacional examinar con mayor profundidad lo ocurrido, así como recomendaciones y elementos para identificar actos que condujeron a la crisis y propuestas para evitar que se repitan en el futuro, que van más allá del entorno en Tegucigalpa y del 28 de junio, indicó Stein.

Asimismo, se establece que hubo desencanto entre la población ante la incapacidad de la clase política y la inconstitucionalidad para lograr una salida a través de la negociación.

El secretario general de la OEA Miguel Insulza dijo que los propios hondureños deben decidir si castigan a los "culpables" del golpe.

"Para la OEA este capítulo del golpe ya está cerrado", dijo Insulza. "Es una decisión de Honduras castigar a los culpables del golpe", agregó.

Por su parte, el expresidente de Honduras, José Manuel Zelaya, dijo que no esperaba "nada nuevo" y que aunque no tiene "ninguna opinión favorable en cuanto a los resultados de ese informe", reconoce la integridad de las personas que integran la CVR, aunque a su criterio "se ha negado a conocer la opinión de las víctimas".

La OEA mantuvo suspendida a Honduras por casi dos años tras el golpe, hasta que acordó su reintegro el pasado 1 de junio, poniendo fin a su aislamiento internacional, lo que le abrió acceso a créditos y ayuda del exterior.

La Comisión de la Verdad fue juramentada en mayo de 2010 por el presidente Porfirio Lobo para esclarecer la crisis política.

+ Los hechos del 18 de junio (Especial en PDF)


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El secretario general de la OEA Miguel Insulza y el presidente Porfirio Lobo sostienen el voluminoso informe de la Comisión de la Verdad.
El secretario general de la OEA Miguel Insulza y el presidente Porfirio Lobo sostienen el voluminoso informe de la Comisión de la Verdad.

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