Soldado es la segunda víctima de emboscada

La crisis en el Bajo Aguán se complica aún más, luego que a las 11:00 de la noche del viernes se reportara la segunda muerte provocada por una emboscada a un convoy de la operación Xatruch II.

De manera preliminar se había informado, al filo de las 7:00 de la noche, el fallecimiento de un miembro de la Policía Nacional, Antony Costly, que viajaba en el convoy en las cercanías de la finca La Consentida.

A Costly se sumó el miembro del Ejército de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA), Mariano García Bernal, lamentó ayer el vocero de las Fuerzas Armadas, Coronel Alcides Flores, que advirtió que están tras la pista de los responsables.

García había sido ingresado al hospital San Isidro de Tocoa, Colón, tras recibir un impacto de bala en su cuello durante el ataque. Junto a García también fueron hospitalizados el subinspector Roque Maldonado Rodríguez y los soldados Jesús Antonio Vásquez Gutiérrez, 21, y Alfredo Domínguez Vásquez, 19.

El hecho ocurrió cuando la patrulla número M52 realizaba supervisiones al filo de las 4:00 de la tarde. De repente, un grupo de personas fuertemente armadas los atacó sin darles la oportunidad de repeler el ataque.

No se doblegarán

El operativo Xatruch II se instaló en agosto con unos 600 hombres de la Policía Nacional y de las FF AA con la finalidad de vigilar por la paz y tranquilidad de la zona, donde han fallecido más de 40 personas entre campesinos, guardias de seguridad y gente inocente.

En el Bajo Aguán hay un pleito de tierras entre campesinos y terratenientes que ha llevado a enfrentamientos sangrientos desde diciembre de 2009.

Ante el suceso del pasado viernes, el ministro de Defensa, Marlon Pascua, advirtió que no retrocederán, que por el contrario, redoblarán esfuerzos.

"El presidente Porfirio Lobo Sosa nos dio instrucciones para continuar con los operativos en el sector y dedicar todos los esfuerzos para que estos crímenes no queden en impunidad y que vuelva la tranquilidad y la paz a la región", sentenció Pascua.

A juicio del ministro, la idea de estos ataques es que la Policía y las FF AA se replieguen y abandonen la zona donde predomina el conflicto agrario.

Sin embargo, "no nos vamos a doblegar ni tampoco decaer. No vamos a permitir que sigan cayendo más vidas de valiosos hondureños", señaló Pascua.

Buscan los culpables

El ministro señaló que "vamos a buscar a los culpables, los vamos a perseguir y los vamos a poner a la disposición de las autoridades, no nos podemos permitir impunidad, esto no puede continuar".

Consultado sobre si sospechan de algún grupo en particular vinculado a este hecho, respondió que hay grupos ajenos del pleito agrario interesados en imponer el terror.

"Para todos es conocido que en tiempo atrás han existido ejecuciones por parte de grupos que han estado en la zona, ejecuciones de ambos bandos, ha habido pérdida de vidas humanas, y en esto también se ha identificado una actividad muy fuerte del crimen organizado", puntualizó.

En ese sentido añadió que "esta es un área muy conflictiva y tenemos información, que se está corroborando, en torno a que hay personas interesadas en imponer el caos y el terror, que han estado armando gente para iniciar un proceso para alterar el bien público con la finalidad de dañar el país".

Por su lado, René Osorio Canales, jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF AA, declaró que "estos son indicios para que la gente se dé cuenta del tipo de personas que están en este sector, donde están usando ya armas de grueso calibre y se dedican a la guerrilla".

Para el máximo jerarca militar "esto ya lo tienen premeditado y preestablecido porque no son operaciones que se hacen de repente... Derechos Humanos debe pronunciarse por este oficial muerto y por los heridos que hemos tenido".

"Vamos a redoblar esfuerzos para dar con los responsables. Tomaremos todas las medidas con el personal que tenemos disponible".

Se estima que las Fuerzas Armadas de Honduras han destinado más de 300 miembros de su Ejército.

Decreto "sin valor"

Estos hechos solo confirman que en la zona en disputa predomina el caos y la ley del más fuerte, en la que ni las fuerzas de seguridad están a salvo de la ola delincuencial.

El Congreso Nacional aprobó el 7 de septiembre un decreto mediante el que se facilita la compra de varias fincas en disputa.

Las tierras serían adquiridas por las cooperativas de campesinos con lo que se esperaba un fin al conflicto agrario en la región, lo que no ha ocurrido.