Inversión en seguridad

Después de más de tres semanas que hemos estado crispados por los acontecimiento que nos llevaron a confirmar lo que hemos venido viviendo en materia seguridad, en el sentido de la contaminación creciente y antigua de la Policía, que ha hecho de los uniformados autores de actos criminales en todo el estricto y amplio sentido de la palabra, y escuchando al gobernante y demás líderes políticos del país con sus propuestas, leyes, decretos, discursos, compromisos y demás, nos salta a la reflexión un aspecto de lo que no hemos escuchado opinión o propuestas.

Cualquier plan de fortalecimiento en la materia de seguridad, tendrá que ser acompañada de un respaldo presupuestario, que soporte toda una estrategia. La Secretaría de Seguridad en los últimos cinco años ha trabajado con un presupuesto amplio de parte del gobierno, cooperación externa y fondos propios; del 2007 al 2011 ese presupuesto ha crecido en un 55.46%. Este incremento no tiene ninguna relación positiva en resultados de indicadores de homicidios, los cuales han subido de manera que nuestra posición en el tema ocupa los primeros lugares a nivel mundial.

Aun con estos incrementos, este año y con gran debate, se aprobó un decreto que conlleva a impuestos específicos para seguridad, los cuales afectarán algunas actividades económicas y productivas, encareciendo productos y servicios, que al fin y al cabo los ciudadanos pagaremos.

Habiendo tenido la oportunidad de ser secretario del Conasin y miembro del CNSV, pude tener mayor conocimiento de debilidades en la materia de manejo de fondos en este campo. Es imperiosa la necesidad de que por la misma naturaleza de sus actividades y funciones, se ocupan políticas de control especiales y no las típicas de otra Secretaría de Estado. Solo para relacionar con hechos públicos recientes y las pérdidas de armamento, cuantifiquemos cuánto el Estado tendrá que invertir de nuevo para suplir de nuevo una herramienta básica. Es urgente también que se cumpla con todo el proceso transparente y competitivo para adquirirlos y esperemos que se haga el inventario correspondiente, ojalá que en un órgano separado que genere confianza.

El Cohep, las cámaras de comercio de Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras han entregado flotas completas de patrullas bien equipadas. En forma permanente la comunidad internacional da equipo, uniformes, capacitación; es decir, que más allá del presupuesto estatal, la Secretaría de Seguridad ha tenido aportes millonarios, es una inversión sustantiva; algunos dirán que no es suficiente y es verdad, ante una realidad donde la criminalidad sigue creciendo a razón de más pobreza, menos inversión, más narcocomercio, descomposición familiar y otros factores que inciden en la violencia.

Creo que el problema pasa por otra variable y es la falta de una correcta administración y uso de los recursos. Si nos vamos a poner en verdad a atender esta problemática y darle fortaleza institucional, tendremos que diseñar un plan administrativo de recursos financieros para la seguridad ciudadana, iniciando por quien los administra, que tendrá que ser gente nueva y proba; es decir, libre de contaminación de los actuales mecanismos que no dan transparencia; seguridad de competencia en los procesos de compra, rendición de cuentas, auditorías forenses especializadas en la materia, y que acepten sobre todo vigilancia permanente de parte de la sociedad civil, de la comunidad internacional, quienes estarían dispuestos a aportar más en escenarios claros y sanos. Ya es suficiente de teatros en presentaciones en el Congreso Nacional donde se puede poner colores, pero la realidad en blanco y negro es otra.

En un marco de prioridades, dentro del Plan de Fortalecimiento de la Policía, es imperativo focalizar, priorizar, racionalizar la compra de equipo, armamento, uniformes, vehículos, comunicaciones, capacitación, que nos lleve a que nuestros policías cuenten con toda una logística, que sumado a los temas de depuración, de capacitación y especialización, nos dirija a tener mejores y efectivos resultados.

Es necesario que el Congreso de la República, los Ministerios de Finanzas, de la Presidencia, el TSC, el Conasin, la UNAH y su rectora, la sociedad civil y la comunidad internacional sean los que asuman un papel permanente en esta materia y establezcan los mejores políticas públicas y herramientas de administración para -algo esencial en las soluciones de la seguridad de los hondureños- invertir en seguridad de manera rentable, o sea, en disminuir los índices de criminalidad e inseguridad, y así asegurar la paz y la tranquilidad que trae inversión y desarrollo.