Fango de la corrupción ahoga a la Policía Nacional

La corrupción en la Policía Nacional es un cáncer que ya invadió los sistemas vitales de esa organización. Las cabezas de las redes criminales dentro de la entidad están agazapadas a la espera de que la depuración no los toque.

Tráfico de armas, narcotráfico, sicariato, secuestros y protección de delincuentes son parte de las acciones ilícitas a las que se han dedicado elementos policiales, desde los de escala básica hasta la cúpula.

Un hecho sangriento, el asesinato de dos estudiantes universitarios perpetrado por policías, fue el hilo conductor que llevó a descubrir esa madeja de corrupción que el gobierno tímidamente ha intentado eliminar.

El 22 de octubre fueron descubiertos en la capital los cuerpos tiroteados de Alejandro Vargas Castellanos y Carlos Pineda. El primero era el hijo menor de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, lo que generó una presión social para descubrir a los hechores.

La Policía intentó limpiar la escena del crimen y borrar todo tipo de evidencias, pero gracias a que las pericias fueron encabezadas por el Ministerio Público y un equipo de científicos de la UNAH se logró establecer que los autores de las muertes fueron policías asignados a la estación del barrio La Granja.

La Fiscalía presentó acusaciones contra ocho policías de esta comisaría, pero solo cuatro fueron presentados ante la justicia porque el resto fue liberado por la Policía, pese a que se les había aplicado un arresto preventivo.

Más allá de las irregularidades cometidas en este proceso investigativo, la red de policías criminales quedaba al descubierto y el secreto a voces de que los uniformados actuaban como mafiosos pasó a ser más que un rumor.

EL HERALDO reveló que en la estación de La Granja funcionaba el denominado “Cartel de la Granja”, desde donde se planificaban asesinatos, cobro del “impuesto de guerra” y robos, entre otros delitos.

La Secretaría de Seguridad ordenó la intervención de esa delegación y sustituyó a todos sus miembros.

Pero la podredumbre es mayor. Las estaciones policiales de los barrios Belén y El Edén también están infectadas por la corrupción de policías que actúan al margen de la ley al cometer una serie de delitos como el asalto a mano armada, tráfico de drogas, secuestro y extorsión. Informes confidenciales establecen que altos oficiales de la Policía Nacional son los que han manejado esta estructura criminal, pues son los que dan las órdenes para que los sus subalternos comentan los delitos.

También las autoridades policiales se han aliado con bandas criminales para dejarlas operar a cambio del pago de millonarias sumas de dinero.

La degeneración ha sido tan grande que incluso los altos mandos policiales han cobrado fuertes cantidades de lempiras por hacer nombramientos en jefaturas y direcciones policiales.

Las delegaciones del norte y occidente del país han sido las más apetecidas, ya que esas zonas son corredores del narcotráfico y el oficial asignado tiene vía libre para pactar con los traficantes de droga para que estos paguen si quieren cometer sus actos ilícitos en el lugar.

Las autoridades civiles del Poder Ejecutivo han tenido a su mano informes sobre el modus operandi de los policías corruptos, pero nunca pusieron correctivos efectivos.

Tráfico de armas

EL HERALDO también denunció el extravío de 300 Fusiles Automáticos Ligeros FAL y 300 mil proyectiles de la estación policial de los Cobras, en la capital. La información fue confirmada por la Secretaría de Seguridad, pero tampoco se han deducido responsabilidades.
En el Instituto Técnico Policial (ITP) igualmente se perdieron 40 pistolas, 20 Pietro Beretta y 20 CZ, en un caso en el que no hay sanciones aplicadas.

La Policía Nacional también es señalada por no explicar el destino de unas 3,000 metralletas AK-47 que se recogieron en 2004 en una campaña en la que los dueños de estos bienes las entregaron para que fueran destruidas.

El Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoyó esta iniciativa al donar mil lempiras por cada arma que se recibiera.

Se transfirieron a Seguridad un millón de lempiras, pero la ayuda se suspendió porque las armas que se estaban destruyendo no correspondían a las que la gente entregaba. La arremetida de críticas contra la Policía Nacional obligó al presidente Porfirio Lobo Sosa a remover la cúpula de la organización.

Pero los cuestionamientos siguieron porque los policías corruptos no han recibido castigo y continúan siendo parte de la institución en puestos importantes. Para calmar los señalamientos, el mandatario ordenó la creación de un equipo técnico integrado por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y la UNAH, para que proponga una política de seguridad más efectiva.

El grupo técnico de la universidad le presentó un informe preliminar al gobernante en el que se pide que se nombre una junta interventora de la Policía Nacional, que reciba apoyo internacional, para que depure esa institución.

Por su lado, el Congreso aprobó una reforma legal mediante la cual sacó de la Policía Nacional la unidad de Asuntos Internos y creó en su lugar la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial.

Todas estas acciones, según críticos, son superficiales, ya que en la Policía Nacional permanecen las manzanas podridas que han enlutado familias hondureñas y tienen vínculos con el crimen organizado.

Delitos

Delitos. Extorsión, tráfico de armas y drogas, secuestros y robo son parte de los crímenes en los que se han visto involucrados elementos de la Policía.

Demanda. La sociedad reclama una intervención de la Policía Nacional, pero el Presidente sigue dando largas a esta petición.

Temor. Altos funcionarios del Poder Ejecutivo también estarían ligados al crimen y por eso temerían que se intervenga la Policía.