Por narcotráfico investigan a comisionado policial

Un Comisionado de la cúpula policial, que actualmente está a cargo de una de las direcciones policiales, forma parte de una red del narcotráfico y del crimen organizado, según una investigación a la que tuvo acceso EL HERALDO.

Un voluminoso expediente, cuya copia está en manos de EL HERALDO, muestra cómo este oficial y uno de sus parientes han estado vinculados con el narcotráfico durante los últimos ocho años, pero siempre ha permanecido en la estructura policial.

EL HERALDO se reserva el nombre del comisionado de Policía y se limita a exponer en detalles las operaciones en las que ha estado involucrado, las investigaciones que le han seguido y la red de operación desde el cargo que ha desempeñado. El nombre de este oficial, sin embargo, sí está en manos de la Fiscalía, del ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla y de su viceministra, la comisionada Coralia Rivera y de otros altos funcionarios del gobierno, quienes son los que a partir de hoy los que deben de dar a conocer las acciones que tomarán.

Igual, EL HERALDO no descarta que existan otras investigaciones que vinculen a altos oficiales de la policía con el crimen organizado.

Los pasos del comisionado

Desde el 2 de septiembre de 2003, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) y la Fiscalía contra el Crimen Organizado vienen siguiendo los pasos de este oficial, de uno de sus parientes y toda una red vinculada a esos ilícitos.

Las investigaciones iniciaron cuando el hoy comisionado era comisario y ocupaba el cargo de jefe policial en el departamento de Copán.
El 25 de febrero de 2004, la entonces directora de la Policía, comisionada Coralia Rivera, hoy viceministra de Seguridad, en una respuesta a la DLCN, dijo tener conocimiento de la situación del oficial, y que por eso lo trasladó de la unidad que comandaba.

Los detectives constataron que el oficial continuaba en el occidente, nada más que lo habían trasladado al departamento de Gracias, Lempira, ubicado a 45 kilómetros de Santa Rosa de Copán, distancia que se recorre en 50 minutos.

A medida los agentes avanzaron en las indagaciones, fueron vinculando al comisario con el narcotraficante Manuel Antonio Avilez Durón, capturado en Colombia el 12 de septiembre de 2002, en la segunda etapa del operativo denominado “Pegazo”. Luego de ser arrestado en Medellín por tráfico de drogas, Avilez Durón fue extraditado a Estados Unidos. En los informes de los investigadores se maneja que el cartel que Avilez Durón lideraba en Honduras estaría operando ahora bajo la dirección de un pariente del sexo femenino, a quien ubican en una colonia de San Pedro Sula.

En la investigación se relata que una pariente del oficial de Policía hacía “negocios de droga” con el pariente de Avilez Durón. A este pariente del sexo femenino también se le señala por el lavado de grandes cantidades de dólares. Las averiguaciones de los detectives condujeron a que este cartel tiene contactos en la frontera con Guatemala, El Salvador y Nicaragua, incluso, los seguimientos telefónicos apuntaron a políticos actualmente en el poder.

Las autoridades de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico cuentan con un voluminoso expediente completo que detalla desde el ingreso de las denuncias hasta los movimientos migratorios, financieros y de comunicación del oficial, de un pariente suyo, de miembros de la red y de supuestos testaferros, entre ellos uno que labora como controlador aéreo en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, ubicado en la Lima, Cortés.

Inicia investigación

A través de una llamada anónima recibida el 2 de septiembre de 2003, la DLCN conoció que el domingo tres de agosto de 2003, en la casa de su pariente, ubicada en Copán, el entonces Comisario “estaba entregando cocaína y heroína a unos hombres que andaban en un vehículo con placas de Guatemala”.

En esta denuncia también se establece que el familiar del oficial de Policía mantenía buenas y constantes relaciones con una banda de traficantes de ilegales que opera en La Entrada, Copán.

El ocho de septiembre de 2003 las autoridades de la DLCN, bajo la dirección del general Julián Arístides González (asesinado por sicarios el ocho de diciembre de 2009), inician las diligencias con el fin de identificar plenamente a los supuestos participantes en la comisión de los ilícitos.

La orden es indicar si los responsables desempeñan cargos públicos, sean estos policiales o administrativos; asimismo se pide determinar la forma de operar de la organización delictiva.

El 11 de febrero de 2004 se registra una segunda denuncia donde se describe al comisario como jefe del cartel de occidente y lo señalan de trasladar “grandes cantidades de droga de Colón y Olancho a esta ciudad (Santa Rosa de Copán), y como ha sido jefe de la Policía en este departamento (Copán), recibe información como dónde están los operativos o sobre algunos policías de San Pedro Sula”.

“La droga la llevan a Guatemala y a El Salvador, pero una parte la distribuyen en el sector de Copán y la Policía se hace la desentendida”.
Ante tales denuncias, la DLCN pide a la Policía Preventiva información del comisario.

Tras asegurarse que estaba activo, los detectives lo encontraron asignado como jefe de una unidad policial en Lempira. Además, comprobaron que el oficial denunciado se conducía en un vehículo Ford 150, color blanco modelo 99, cuyo primer dueño fue Avilez Durón, el capo capturado en Colombia y extraditado a EE UU.

Igualmente, los agentes también analizaron los movimientos migratorios del comisario, de su familia y del pariente de Avilez Durón, entre otros, registrados durante los años 2002 y 2003. En su momento el oficial tenía viajes, vía aérea y vía terrestre a Estados Unidos, Guatemala y Nicaragua. Su familiar también presenta viajes a El Salvador por la aduana de El Poy. Mientras que la pariente de Avilez Durón tenía registrado varios viajes a Estados Unidos y México.

Seguimiento

El 22 de octubre de 2004 una persona nuevamente denunció que en la casa del comisario funciona un negocio en el cual “se realiza venta de drogas”. Ahí llegan una gran cantidad de personas con el pretexto de que van a consumir alimentos. Describe que dentro del negocio hay un acceso al interior de la vivienda de la familia y allí entran solo los que tienen membresía.

Esta persona también agrega que el Comisario con un jefe policial de Santa Bárbara participan en asaltos a furgones. Un equipo de investigadores constata que efectivamente en la vivienda del comisario hay un negocio, con bodega, habitación de servidumbre, un amplio parqueo externo e interno con máxima seguridad, rodeado de un muro con serpentina y con portones de metal.

“En el interior observamos un vehículo marca Ford 150, color blanco, placa PBG6369, un turismo color negro”, describen los investigadores.

Posteriormente los agentes ubican en San Pedro Sula a uno de los presuntos testaferros del comisario y de su pariente. Los agentes comprueban que la persona investigada labora para la Dirección General de Aeronáutica Civil ejerciendo las funciones de controlador aéreo.

Asimismo, los detectives localizan la casa de la pariente de Avilez Durón, estimando que la residencia tendría un valor superior a los 3,000,000 de lempiras. De igual forma le detectan otra propiedad donde funciona un taller de pintado de vehículos, inmueble con un valor de un millón de lempiras.

En cumplimiento de su labor, la DLCN da seguimiento a otras propiedades de la pariente de Avilez Durón en comunidades de Yoro y otros departamentos.

Las investigaciones sobre el comisario y hoy Comisionado de Policía, su familiar y el pariente del supuesto capo Avilez Durón, así como de otros miembros de la red y los testaferros, se han venido realizando hasta la actualidad, con el fin de comprobar su participación en el tráfico de drogas y lavado de activos.

Contactos

De acuerdo con los informes de los investigadores, desde el momento en que se recibió la primera denuncia se empezó a trabajar en el caso, dedicando tiempo a identificar los posibles colaboradores del actual comisionado y su pariente a nivel nacional y que, según las averiguaciones, están ubicados en puntos estratégicos como Trojes, El Paraíso; Bonito Oriental, Colón; en Tegucigalpa y en San Pedro Sula.

“Esta asociación criminal tiene contacto con personas influyentes en el gobierno actual, en esta ocasión sabemos que del teléfono (número ...) registrado a nombre de la sospechosa salen llamadas a un teléfono registrado a nombre de (funcionario x)”, dice uno de los reportes de los detectives.

Finanzas

En un nuevo informe del año 2010, la DLCN hace un resumen del avance de las investigaciones. En la parte financiera se establece que al Oficial de Policía actualmente miembro de la cúpula de la Policía, a su pariente y al familiar del supuesto capo colombiano Avilez Durón se les detectaron operaciones atípicas.

Entres las situaciones anormales detectadas es que el oficial obtuvo préstamos a largo plazo pero los paga en tres o cuatro meses; además, compró pólizas de seguros de todo tipo. Mientras que su familiar en su momento llegó a abrir cuentas de ahorro por 75,000 dólares y tres meses después las canceló.

Asimismo, maneja cuentas de ahorro, de cheques y préstamos con depósitos arriba de 100,000 lempiras. Entre tanto, la pariente del supuesto capo Avilez Durón llegó a tener cuentas bancarias con depósitos que fluctúan entre los 16,000 dólares y retiros entre 200 y 8,000 dólares.

También se registran cuentas en lempiras, con depósitos de 3,000 hasta 600,000 lempiras y con retiros entre 100 y 200 mil lempiras. El informe enviado el año pasado por la DLCN a la Fiscalía contra el Crimen Organizado se compromete a profundizar en las investigaciones a fin de recabar las evidencias y elementos probatorios que demuestren que los investigados no tienen cómo justificar los bienes que poseen; porque a la fecha actual esos bienes ya se incrementaron.

Cúpula policial

Comisionados: Ricardo Ramirez del Cid, director general de la Policía; Joaquín Amado Mejía, director de la Policía Nacional Preventiva;
Félix Villanueva Mejía, titular de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC); Randolfo Pagoaga Medina, director nacional de Tránsito; Héctor Orlando Suazo, director nacional de Servicios Especiales de Investigación DNSEI, y Danilo Orellana, director nacional de Servicios Preventivos.

Cronología

2 septiembre 2003. Se registra la primera denuncia contra el oficial y su pariente.
11 febrero 2004. Se da la segunda denuncia contra el comisario, hoy comisionado.
22 octubre 2004. Una tercera denuncia involucra al oficial en tráfico de drogas.