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Gobierno federal pide bloquear ley de Alabama

La legislación permite a las autoridades interrogar a personas sospechosas de estar en el país sin permiso y detenerlas sin derecho a fianza. También da luz verde a los funcionarios para verificar el estatus migratorio de los estudiantes en las escuelas públicas.
07.10.11 - Actualizado: 07.10.11 02:18pm - AP: diario@elheraldo.hn

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Atlanta,

Honduras

El gobierno federal solicitó el viernes a un tribunal de apelaciones que bloquee la aplicación de una ley de inmigración de Alabama que muchos consideran la más estricta en el país, por considerar que podría tener consecuencias negativas en el exterior, promover la discriminación y limitarse a desplazar a otros estados a los inmigrantes que entraron ilegalmente en el país.

En su recurso ante el tribunal de apelaciones del undécimo circuito en Atlanta, el gobierno alegó que la nueva ley "muy probablemente expondrá a personas que se encuentran legalmente en Estados Unidos, incluidos escolares, a nuevas dificultades en sus actividades rutinarias".

La legislación permite a las autoridades interrogar a personas sospechosas de estar en el país sin permiso y detenerlas sin derecho a fianza. También da luz verde a los funcionarios para verificar el estatus migratorio de los estudiantes en las escuelas públicas.

Un juez federal en Alabama respaldó esos dos aspectos cruciales de la ley, que ya han entrado en vigencia y que seguirán estándolo mientras el tribunal de apelaciones estudia la solicitud del Departamento de Justicia. Sus disposiciones son más estrictas que otras leyes similares aprobadas en Arizona, Utah, Indiana y Georgia. Jueces federales en esos estados han bloqueado esas medidas total o parcialmente.

El gobernador de Alabama, Robert Bentley, dijo en una declaración que la apelación no le sorprende. "Sigo decidido a ver que esta ley se aplique plenamente. Seguiremos defendiendo esta ley de todos y cada uno de los cuestionamientos", afirmó.

La cuestión migratoria se convirtió en un tema candente en Alabama durante la última década a medida que los habitantes hispanos en el estado aumentaron en 145% a unas 185.600 personas.

Aunque los hispanos siguen siendo sólo aproximadamente el 4% de la población, algunos condados en el norte de Alabama tienen amplias comunidades que hablan español y escuelas donde la mayor parte de los estudiantes son hispanos.

Los republicanos en Alabama buscan desde hace tiempo combatir la inmigración ilegal y aprobaron la medida este año después de tomar control de la legislatura. El gobernador Bentley la firmó diciendo que era vital para proteger los empleos de los residentes legales.

Funcionarios del sistema de educación dijeron que veintenas de familias de inmigrantes han retirado a sus hijos de las escuelas. Algunas ciudades y suburbios han reportado un súbito éxodo de hispanos, algunos de los cuales dijeron a las autoridades que planeaban salir del estado para evitar problemas con la ley.

Los defensores de los hispanos saludaron la medida federal. Allison Neal, de la Unión Americana de Libertades Civiles de Alabama, una de las organizaciones que objetaron la ley en una presentación por separado, confió en que el tribunal "actúe pronto debido al daño que estamos viendo aquí en Alabama".

La apelación del Departamento de Justicia dijo que partes de la ley entran en conflicto con las normas federales, y que "los intentos de deshacerse 'por su cuenta' de los extranjeros sólo impedirán el proceso de retiro establecido por la ley federal".

También indicó que la legislación podría tener un impacto en las relaciones diplomáticas con otros países.

"Alabama no se encuentra en una posición de responder a otras naciones de las consecuencias de su política", señaló. "Esa es responsabilidad del gobierno federal, que habla en nombre de todos los estados y debe asegurarse de que las consecuencias de la incursión de un estado en el ámbito de la ley de inmigración no repercutan sobre la nación en su totalidad".

Además, señaló que requerir a los agentes que reporten a las autoridades migratorias a las personas que carezcan de credenciales adecuadas para justificar su estancia en el país "desvía innecesariamente recursos de las prioridades federales destinados a hacer respetar las leyes, y evita que las autoridades estatales y locales trabajen en verdadera cooperación con los funcionarios federales".

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Estudiantes universitarios se manifiestan el 26 de septiembre pasado a favor de los inmigrantes ilegales.

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