Denuncian intolerancia contra inmigrantes

El presidente italiano advirtió el viernes un aumento "inquietante" en la intolerancia hacia los inmigrantes, un día después que el gobierno devolvió una embarcación en la que llegaban más de 200 inmigrantes sin revisar sus casos.

Giorgio Napolitano dijo en un mensaje en el 157° aniversario de la policía estatal italiana que la cooperación internacional debía ser prioritaria en la lucha contra la inmigración ilegal.

El presidente, cuyo papel es mayormente simbólico, dijo que el aumento en el contrabando humano "arriesga crear una percepción vaga sobre inseguridad y casos preocupantes de intolerancia" entre los italianos.

El jueves, el gobierno hizo caso omiso a la agencia de refugiados de las Naciones Unidas y devolvió a Libia a más de 200 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo, negándose a permitir que solicitaran asilo en Italia.

El ministro del interior Roberto Maroni calificó la operación como "momento decisivo" en la lucha de Italia contra la inmigración ilegal y dijo que debía ser un modelo para otros países europeos.

La Organización para Refugiados de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch censuraron la medida y dijeron que Italia violó las leyes internacionales al negarse a permitir que los inmigrantes solicitaran asilo.

Maroni _que procede del partido Liga Norteña, antiinmigrante_ dijo que Libia tenía instalaciones adecuadas para entrevistar a los emigrantes a fin de determinar si merecían asilo y elogió a Libia por recibirlos. También propuso un acuerdo de patrulla fronteriza conjunta entre Italia y Libia.

Libia es un punto de partida común para muchas operaciones de contrabando humano a las costas italianas.

Human Rights Watch dijo que Libia tenía antecedentes terribles en el tratamiento a los emigrantes quienes, señaló, suelen ser sometidos a detención por tiempo indefinido "a menudo en condiciones inhumanas y degradantes".

Libia no ha firmado la Convención de la ONU para Refugiados de 1951 ni tiene una ley sobre asilo, agregó la organización. Según la convención, de la que Italia es signataria, Roma no puede devolver a una persona que podría ser sometida a persecución.