Venezuela
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó ayer que el gobierno venezolano de Hugo Chávez busca hacer "desaparecer" a la prensa crítica, tras el ataque a Globovisión, el cierre de radios y televisiones y la idea de establecer una ley de delitos mediáticos.
Por su parte, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, expresó ayer su preocupación por la situación de los medios en Venezuela.
La SIP pidió a los gobiernos democráticos de la región que denuncien la situación de la prensa en Venezuela, abandonen "un exceso de prudencia diplomática" con el gobierno del presidente Hugo Chávez y reprueben los hechos ocurridos en los últimos días contra medios considerados opositores.
"Hay un exceso de prudencia diplomática de los gobiernos de la región, que han sido demasiado cautelosos ante esta situación", dijo a la AFP, el colombiano Enrique Santos Calderón, presidente de la SIP.
"Chávez quiere (hacer) desaparecer a la prensa crítica y acallar todas las voces opositoras en una muestra del carácter totalitario de su régimen", dijo Calderón, e indicó que la SIP está llamando "a la opinión pública de los países y a las organizaciones" a movilizarse contra estos hechos.
La entidad, con sede en Miami, condenó la violencia desatada el lunes contra la televisora venezolana Globovisión, en Caracas, luego de que un grupo de 30 personas ingresara a las instalaciones tras apuntar con armas de fuego a los vigilantes e hiciera detonar bombas de gases.
"Estamos muy preocupados de que Globovisión pueda tener los días contados", dijo Calderón.
Preocupación
Estados Unidos está "profundamente preocupado" por el cierre en Venezuela de más de treinta emisoras y por la amenaza que esto representa para la libertad de expresión, dijo de manera anónima un funcionario del gobierno.
"Estamos profundamente preocupados por el cierre de estas emisoras de radio (y de televisión) por el gobierno venezolano", declaró un funcionario del Departamento de Estado que pidió el anonimato."
"Seguimos (la evolución de la situación)", agregó, sin precisar si Estados Unidos llevaría el asunto ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El funcionario recordó que la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, se había mostrado "categórica respecto a nuestro apoyo a libertad de expresión en las Américas", durante una entrevista del 8 de julio en el canal de televisión venezolano Globovisión. El 12 de junio, Estados Unidos instó a Venezuela y a otros países de la región a poner fin a los actos de intimidación hacia los medios de comunicación, a apoyar una prensa libre e implementar los principios de la Cláusula Democrática que fue adoptada por la OEA en 2001 y que establece "la importancia del respeto de la libertad de prensa".
Ataque
La salida del aire por orden gubernamental de 32 radios y dos televisoras regionales en Venezuela no merma la libertad de expresión, sino que facilitará el acceso del pueblo a los medios, declaró Diosdado Cabello, responsable de Conatel, ente regulador de las telecomunicaciones. "No es un ataque a la libertad de expresión, sino que va a permitir que más personas tengan acceso a la información y a los medios", explicó Cabello en un programa de la televisión oficial.
Según Cabello, la salida del aire de estos medios se debe a razones administrativas aunque los afectados la convirtieron en un "escándalo mediático", refiriéndose a las manifestaciones de apoyo a estos medios de comunicación celebradas en Venezuela.
"Una concesión es del dominio público, no le pertenece a nadie. Estamos recuperando, para el país y para el pueblo, las concesiones que se están usando de manera ilegal", aseguró el responsable.
"Este proceso va a continuar. Estas son las 34 primeras emisoras. Estamos revisando los expedientes. Este no es un trabajo de un día para otro", agregó. Según Chávez, las recientes medidas de su gobierno con las que una treintena de radios quedaron fuera del aire buscan "democratizar" los medios de comunicación y asegurar con ello "una verdadera libertad de expresión".
* Defensa: Human Rights Watch (HRW), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), Amnistía Internacional (AI) y Reporteros Sin Fronteras han expresado su preocupación ante el panorama del periodismo en el país.
Frenan propuesta de ley sobre delitos mediáticos
La Comisión de medios de la Asamblea Nacional venezolana negó ayer que exista oficialmente un proyecto de ley de delitos mediáticos y admitió que la polémica propuesta realizada la semana pasada provocó "divergencias" y no será por ahora discutido en la plenaria. "No existe en el seno de esta Asamblea nacional un proyecto de ley de delitos mediáticos. Es totalmente falso", declaró el diputado Manuel Villalba, de la Comisión de medios de la Asamblea Nacional.
La semana pasada, la Fiscal general venezolana Luisa Ortega propuso ante los diputados un boceto de ley especial sobre delitos mediáticos que acarrearía penas de cárcel a quienes la incumplan y que provocó críticas dentro y fuera del país. "Hemos venido debatiendo y con base en los aportes de la fiscal, no existe consenso en esta comisión, existen divergencias", agregó Villalba.