Oposición pide a la CIDH que verifique persecución judicial

La oposición venezonala solicitó la mediación del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, para que el gobierno chavista permita que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) indage sobre procesos judiciales iniciados contra opositores.

La dirigente Delsa Solórzano acudió a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas y entregó una carta en la que se le exige al presidente Hugo Chávez, quien actualmente realiza una gira por varios países arficanos, que admita dicha visita en Venezuela.

Solórzano expresó, en conferencia de prensa, preocupación por la detención del prefecto opositor de Caracas, Richard Blanco, así como la orden de captura que emitió un tribunal contra el dirigente opositor, Óscar Pérez, y denunció que esas medidas responden a una persecución y un "fusilamiento judicial" de opositores.

La dirigente exhortó a Insulza a que "así como se preocupa de lo que ocurre en Honduras se preocupe por lo que está ocurriendo en Venezuela".

Intolerancia chavista

Solórzano fustigó las afirmaciones que realizó la semana pasada la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien anunció que pedirá el enjuiciamiento de todas aquellas personas que alteren el orden público y acusó a la oposición de marchar por cualquier motivo para desestabilizar el gobierno de Chávez.

Los comentarios de Ortega Díaz coincidieron con una medida de detención que acordó un tribunal contra once trabajadores de la alcaldía metropolitana de Caracas quienes fueron arrestados el 26 de agosto tras manifestar en la capital contra una ley que aprobó la Asamblea Nacional que limita los ingresos de la dependencia capitalina.

Durante el allanamiento al hogar de Óscar Pérez, según el relató de su hija Osmary, en el lugar se encontraba ella de 21 años, su hermana, una niña de 12 años y una persona de 62 años. "Salimos al supermercado a comprar comida y al regresar cinco funcionarios nos apuntaron a las caras con armas, en total hay como 10 funcionarios".

Los vecinos auxiliaron a la familia Pérez y realizaron un cacerolazo en rechazo a esta acción, también trataron de impedir la salida de los vehículos de los funcionarios del Cicpc de la zona.

Chávez acusó el domingo, al gobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, de los destrozos causados al edificio de la Zona Educativa de la entidad, tras la marcha contra la Ley Orgánica de Educación el sábado. Además señaló que cabe la "posibilidad de abrir un antejuicio de méritos" al mandatario regional, según informa el diario El Universal.

Por su parte, Pérez Vivas rechazó la solicitud de antejuicio de mérito que solicitó el presidente de la República, Hugo Chávez y aseguró que el mandatario recurre "al terrorismo judicial para tratar de callar la voz de la dirigencia democrática en Venezuela".

* Medidas: Ledezma realizó en julio una huelga de hambre de cinco días en la sede de la OEA en Caracas para solicitar a Insulza su mediación ante el gobierno de Chávez y que recibiera en Washington a una comisión de opositores.

Convocan a marcha

La oposición convocó para el 5 de septiembre a una marcha en la capital para protestar contra la detención de Blanco y los empleados de la alcaldía metropolitana, y las declaraciones de Ortega Díaz. "Va a tener que construir un gulag (campo de concentración ruso) porque no vamos a caber las personas que estamos dispuestas a todo dentro de la vida democrática. Estamos dispuestos a hacer garantizar la Constitución", dijo la dirigente opositora, Delsa Solórzano. La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, ha anunciado que abrirá procesos contra todos aquellos ciudadanos que "por cualquier motivo marchan" y que, en su opinión, sólo buscan "desestabilizar al gobierno constitucionalmente electo". Su opinión es que "(estas) conductas encajan perfectamente en el delito de rebelión civil", que la ley venezolana castiga con penas de 12 a 24 años de cárcel.