Escándalo por video que denuncia trama de corrupción

La controversia por el millonario juicio que enfrenta Chevron en Ecuador por daños ambientales subió de tono ayer con un cruce de amenazas legales entre pobladores amazónicos y la petrolera estadounidense, la cual pidió la remoción del juez por supuesta corrupción.

Los demandantes (entre ellos indígenas) que alegan haber sido afectados por las operaciones de la empresa estadounidense en la Amazonia (1964-1990) respondieron con firmeza ante el anuncio de Chevron (Texaco) de que no pagará ninguna indemnización de ser declarada culpable.

"Inmediatamente tengamos una resolución de primera instancia acudiremos a las cortes norteamericanas y exigiremos que se incauten (...) bienes o recursos de Chevron que justifiquen la totalidad de la sentencia que dicte la justicia ecuatoriana", dijo el abogado de las comunidades locales, Pablo Fajardo.

Según un perito -duramente cuestionado por Chevron- la petrolera debería pagar una indemnización por 27,000 millones de dólares.

El portavoz de Chevron para América Latina, James Craig, manifestó a su vez que la compañía no pagará en virtud a los supuestos indicios de corrupción que aparentemente involucran al juez del caso, Juan Núñez.

"El caso ha sido teñido de tantas irregularidades que cualquier fallo (en contra) lo apelaríamos y no pagaríamos.

Tenemos el derecho de apelar y si no encontramos justicia en Ecuador, la buscaremos en el exterior", sostuvo Craig en diálogo telefónico.

La petrolera difundió videos en los que un supuesto miembro del movimiento oficialista Alianza País y dos empresarios se refieren a la repartición de una "comisión" por tres millones de dólares una vez que se dicte sentencia contra Chevron, de los cuales un millón de dólares sería para Núñez.

Rechazan

El Ejecutivo ecuatoriano negó por su parte estar implicado y anunció que prevé demandar a la compañía por haber intentado involucrarlo en un supuesto soborno a la justicia.

"El gobierno no es parte del proceso litigioso" contra Chevron, "por lo que no ha tenido, no tiene ni tendrá ninguna intervención en dicho proceso", señaló el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.

El abogado Fajardo estimó que con "esta estrategia" la empresa busca "retardar el proceso judicial", cuya sentencia está prevista para este año, según Núñez, y apuntó que acusará de corrupción a la empresa por intentar que el juez caiga en el delito de prevaricato.

"Estamos revisando algunos instrumentos jurídicos, pero hay una figura jurídica en Estados Unidos que prohíbe a empresas norteamericanas cometer actos de corrupción fuera de ese país", manifestó.