La FAO pide que se reglamente la tenencia de tierra en el mundo

La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) pidió este martes a los líderes del mundo que se reglamente "la tenencia de la tierra" como primera medida para combatir el hambre y la pobreza.

"Un sistema legal sólido del uso y de la propiedad de la tierra es clave para combatir el hambre", sostiene en un comunicado la FAO, organización que ha iniciado consultas a nivel mundial con el fin de elaborar las directrices internacionales sobre "la tenencia de la tierra y demás recursos naturales como el agua, la pesca y los bosques".

La propuesta fue lanzada a pedido de los gobiernos y de la comunidad internacional y contará con una secretaría en Roma para coordinar las exigencias del sector privado, campesinos pobres, grupos indígenas, autoridades locales, sector académico y expertos independientes.

"Un acceso seguro a la tierra es la mejor red de seguridad para los pobres, y esto porque una buena gobernanza de la tierra es condición necesaria para asegurar este acceso así como los derechos de tenencia de la tierra", explicó Paul Munro-Faure, Jefe de la Unidad de Gestión y Tenencia de la Tierra de la FAO.

La mayoría de los países miembros de la FAO tienen leyes que protegen a los campesinos y a los moradores de los bosques, así como a los inversores extranjeros y locales, de ser expulsados de sus tierras o que les sean expropiadas de forma arbitraria, sin embargo, estas leyes son ignoradas con frecuencia, reconoce la entidad.

"La creciente demanda de tierra amenaza con fomentar la exclusión social, ya que los ricos y poderosos son capaces de adquirir tierras y otros recursos naturales en detrimento de los pobres y vulnerables", advierte la FAO.

Según la entidad, existe un interés creciente y extendido en un instrumento internacional para mejorar la gobernanza de la tenencia de la tierra y otros recursos naturales por lo que es necesario establecer una directrices.

Las directrices supondrán un marco y un punto de referencia que permitirá a las autoridades gubernamentales, el sector privado, la sociedad civil y los ciudadanos juzgar si las acciones que proponen ellos mismos y las de otros constituyen prácticas aceptables.

Las propuestas señalarán igualmente el camino para los gobiernos que tratan de hacer frente a la creciente tendencia de inversiones extranjeras a gran escala en alimentación y biocombustibles, así como para los países inversores que tienen recursos limitados de agua y tierras cultivables.