Recuerdan a jesuitas asesinados en El Salvador

Con una procesión de faroles, una vigilia al aire libre y actos culturales se conmemoraron los 20 años del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos trabajadoras domésticas, perpetrado por un comando elite del ejército salvadoreño.

Más de un millar de personas, entre estudiantes, campesinos, religiosos, incluso algunos extranjeros, representantes de organismos humanitarios, participaron en los actos que iniciaron la noche del sábado y concluyeron la madrugada del domingo con una vigilia.

Entre los participantes los actos de conmemoración figuró el congresista James P. McGovern, quien encabezó una delegación estadounidense.

Al cumplirse 20 años del asesinato, ocurrido el 16 de noviembre de 1989, el presidente Mauricio Funes anunció que el Estado salvadoreño otorgará la máxima condecoración del país en forma póstuma a seis sacerdotes jesuitas.

Funes entregará a sus familiares la orden nacional José Matías Delgado en el Grado de Gran Cruz Placa de Oro, por servicios extraordinarios prestados al país.

Funes dijo que la condecoración es una de las formas en que el gobierno hace un acto público de desagravio por los errores que como Estado se cometieron en el pasado, especialmente en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas.

Los jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados en el interior de la Universidad Centroamericana UCA, de esta capital, en momentos que la guerrilla lanzaba la mayor ofensiva en el país.

Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados, del Batallón elite Atlacatl entrenado Estados Unidos, fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados.

El coronel Guillermo Benavides y teniente Yusshy Mendoza fueron encontrados culpables de la matanza, pero resultaron beneficiados dos años después con la ley de amnistía general en 1993 emitida por el entonces presidente Alfredo Cristiani, la cual evitó también que otros responsables de violaciones a los derechos humanos fueran llevados a los tribunales.

En marzo de 2000, la UCA demandó ante la Fiscalía General de la República al ex presidente Cristiani y a seis coroneles salvadoreños por la autoría intelectual en el crimen, pero un tribunal de justicia de El Salvador rechazó reabrir el caso.