¿Le compro su voto, señor?

“En política hay dos cosas que son importantes”, sentenció Mark Hanna, el republicano hacedor de reyes de fines del siglo XIX. “La primera cosa es el dinero, y no puedo recordar cuál es la segunda”.

Lo que era cierto en el siglo de Hanna siguió siendo cierto en el siglo siguiente y, desde el escándalo de Watergate, en los años setenta, el congreso ha impuesto regulaciones estrictas sobre el dinero en la política.

Los defensores de esas medidas aseguran que frenan la corrupción y refuerzan la confianza popular en el gobierno.

Pero después de más de treinta años, ¿ese sistema ha significado alguna diferencia?

Esta cuestión adquirió relevancia la semana pasada, cuando la suprema corte descartó regulaciones que prohibían que las corporaciones compraran comerciales de campaña que abogaran explícitamente por la elección o la derrota de algún candidato.

Los demócratas dijeron que ese fallo era una amenaza para la democracia; los republicanos lo vitorearon como una victoria de la libertad de expresión.

Académicos juristas y sociólogos dicen que, en el mejor de los casos, hay muy pocas evidencias de que el sistema de financiamiento de campaña posterior a Watergate haya alcanzado las amplias metas que sus defensores aseguran.

El juez Anthony M. Kennedy señaló en su opinión que en las 100,000 páginas de informes legales no se había encontrado ninguna evidencia que demostrara que la falta de restricciones en los fondos de campaña alguna vez hubiera comprado el voto de algún legislador.

Y aun después de que el congreso restringiera aun más las reglas, con la histórica ley McCain-Feingold de 2002, que proscribió cientos de millones de dólares en aportaciones ilimitadas a los partidos políticos, la confianza popular en el gobierno cayó a niveles sin precedentes, de acuerdo con las encuestas.

¿Retribuciones?

Y ¿qué hay de las corporaciones que aportaron gran parte de ese dinero? La revisión de los mayores donantes corporativos muestra que el precio de sus acciones no se vio afectado después de dejar de contribuir a los partidos.

Los resultados indican que dichas compañías no perdieron su influencia y que quizá estuvieron contribuyendo “porque los políticos les volteaban los bolsillos”, explicó Nathaniel Persily, profesor de la Escuela de Derecho de Columbia que ha estudiado los efectos de esa ley.

“No hay ninguna evidencia de que las reglas estrictas sobre el financiamiento de campañas reduzcan la corrupción o mejoren la evaluación general del gobierno”, afirma por su parte Kenneth Mayer, profesor de ciancias políticas en la Universidad de Wisconsin-Madison. “Parece una relación muy obvia pero hasta ahora ha resultado imposible demostrarla”.

No es tan sólo una cuestión académica.

La suprema corte siempre ha dicho que el mero hecho de combatir la corrupción o la apariencia de corrupción justifica leyes que restrinjan los gastos políticos.

Hay otras justificaciones -como emparejar la contienda entre quienes tienen fondos y quienes no los tienen- que no son suficientes.

Los defensores de esas reglas alegan que sus argumentos en favor de regulaciones estrictas sobre fondos de campaña son obvios para cualquiera que conozca Washington.

Los agentes privados que buscan influencias colman de grandes aportaciones a los políticos, porque quieren tener acceso y moldear las políticas. No gastarían ese dinero si no recibieran nada a cambio.

Pero aun los simpatizantes de las reglas admiten que es difícil medir sus beneficios. “Sucede que creo que las leyes sobre financiamiento de campañas han producido un bien modesto”, declaró Richard L. Hasen, experto en derecho político en la Escuela de Derecho Loyola de Los Angeles.

“¿Cuánto bien? Quizá lo sepamos pronto”, agregó, a raíz del fallo de la suprema corte, pronunciado el jueves en el caso de Citizens United contra la Comisión Federal Electoral.

Los defensores de las restricciones señalan que Gran Bretaña muestra que el gobierno puede vigilar la corrupción sin poner en peligro la libertad de expresión.

Gran Bretaña empezó a regular los gastos políticos ya en 1883 y desde entonces ha restringido aun más las reglas.

Esas restricciones británicas violarían la opinión de la suprema corte sobre la primera enmienda; sin embargo, los debates políticos del Reino Unido son tan sólidos como en Estados Unidos.

Por otra parte, los opositores a las restricciones señalan que Australia apenas regula los fondos políticos. Individuos y corporaciones pueden contribuir sin ningún límite.

Los partidos pueden gastar libremente. Y no se dice mucho quién da cuánto a quién. Pero la corrupción política no ha amenazado a la vibrante democracia australiana.