Juez escucha a partes por ley de Arizona

Una jueza federal escuchará en las próximas horas a partidarios y oponentes de una dura ley de inmigración en Arizona para decidir si ésta debería entrar en vigor en una semana.

La jueza Susan Bolton escuchará argumentos de abogados de la gobernadora del estado, del gobierno federal y de grupos de derechos civiles. Considerará una solicitud por parte del Departamento de Justicia para bloquear la imposición de la ley. La jueza decidirá si la ley debería quedar en suspenso y si la demanda de grupos de derechos civiles debería rechazarse.

Bolton ya ha avisado que no promete decidir en cada caso antes de que la ley entre en vigor el 29 de julio.

La legislación requiere que los agentes de policía, al hacer cumplir otras leyes, revisen el estatus migratorio de una persona si hay sospechas razonables de que se encuentra en el país ilegalmente. También prohibe a la gente bloquear el tráfico cuando buscan u ofrecen servicios de mano de obra en la calle y prohibe a los indocumentados solicitar trabajo en zonas públicas.

Desde que la gobernadora Jan Brewer firmó la ley el 23 de abril, partidarios y oponentes de ésta se han manifestado en Arizona y otros lugares del país. Algunos oponentes han pedido un boicot turístico de Arizona.

El debate también provocó que un número indeterminado de indocumentados abandonaran Arizona y se fuera a otros estados o a sus países de origen. El Departamento de Justicia, grupos de derechos civiles, dos agentes de policía de Arizona, un grupo religioso hispano y un investigador de Washington desafiaron la ley con siete demandas.

Los abogados del Departamento de Justicia aseguran que a la policía local no debería permitírsele imponer la legislación, en parte, porque ésta ya está perjudicando las relaciones de Estados Unidos con México y otros países.

Los abogados de Brewer aseguran que el gobierno federal basa su demanda en conceptos erróneos sobre lo que hará la ley. También dice que el mal manejo de la política de inmigración por Washington respecto ha dejado al estado con altos costes para educar, encarcelar y ofrecer un sistema de salud a indocumentados.

El jueves, unos 30 manifestantes rezaban de pie en círculo frente a la corte federal en Phoenix.

En la demanda presentada por grupos de derechos civiles, Brewer y otros funcionarios aseguran que ésta debería ser rechazada porque los grupos no expresan ninguna amenaza de daño a inmigrantes al imponer la nueva ley y basan sus acusaciones en la especulación.

Los grupos de derechos civiles dicen que sus clientes sufrirán daños inminentes, como por ejemplo el hecho que una organización de servicios sociales tenga que desviar recursos de sus programas para asistir a los afectados por la nueva ley.