La "querida tía Zeituni" de Obama es ilegal

Desde hace cuatro años, una tía del aspirante presidencial demócrata Barack Obama permanece indocumentada en Estados Unidos, y se niega a acatar la orden de deportación emitida por un juez de inmigración.

La mujer, keniana y de 56 años, vive en un edificio de beneficencia pública en Boston. Inicialmente, realizó una petición de asilo político, pero ésta fue denegada, aunque las razones del rechazo tampoco han sido aclaradas.

Obama dijo el sábado que no estaba al tanto de que su tía Zeituni Onyango, llamada ``querida tía Zeituni'' en sus memorias, residiera ilegalmente en Estados Unidos. Agregó que deben ser aplicadas las leyes correspondientes.

Obama conoció a Onyango cuando viajó al Africa de adulto para reencontrarse con sus raíces.

El senador la ha visto varias veces desde ese encuentro, comenzando por su regreso de un viaje a Kenia en compañía de su esposa, Michelle, cuatro años después del primer viaje.

Posteriormente, Onyango visitó a la familia en Chicago con un visado turístico a invitación de Obama hace unos nueve años, según la campaña del senador, y la mujer se detuvo en la costa oriental de Estados Unidos para visitar a diversas amistades antes de regresar a Kenia.

La mujer asistió a la toma de posesión de Obama en el Senado federal en el 2004, pero los directivos de la campaña dijeron que Obama no intervino para que le concedieran un visado de turista y desconoce los detalles del caso. La campaña agregó que las últimas noticias que tuvo de ella fue hace dos años cuando le llamó para indicarle que se encontraba en Boston, aunque no la vio allí.

Según los documentos presentados por la campaña de Obama con la Comisión Federal Electoral, Onyango contribuyó 260 dólares a la carrera política de su sobrino.

Conforme a las normas federales electorales, solamente los ciudadanos estadounidenses o residentes legales pueden donar fondos electorales.

Onyango, que dijo trabajar para la Autoridad de la Vivienda de Boston, entregó la suma en cantidades pequeñas. El último aporte fue de 5 dólares el 19 de septiembre.

La información relativa a la orden de deportación fue mencionada y confirmada por dos fuentes separadas, una de ellas un funcionario policial federal. Además, el caso comunicado goza de amplio conocimiento en círculos del gobierno federal, según la agencia AP.

La negativa de Onyango de dejar voluntariamente el país es una violación administrativa, no penal, de las leyes de inmigración estadounidenses, por lo que dichos casos transcurren fueran del sistema judicial penal.

Nadie ofreció una explicación de cómo pudo obtener Onyango una vivienda de beneficencia pública teniendo pendiente una orden judicial de deportación por indocumentada.

Muchos especialistas creen que más de 10 millones de personas residen en circunstancias parecidas en Estados Unidos.