Fujimori, culpable de violación a DD HH, recibe pena de 25 años de cárcel

El ex presidente peruano Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por cargos de violación a los derechos humanos, considerados por el tribunal como "crímenes contra la humanidad" según el fallo leído este martes en Lima, el cual señaló de inmediato que apelará.

El tribunal señaló que el ex mandatario, de 70 años, cumplirá 25 años en prisión (de los cuales ya ha cumplido 2) hasta el 10 de febrero de 2032, y que además tendrá que pagar indemnización a 29 agraviados.

Apenas se conoció la sentencia, Fujimori consultó con su abogado, César Nakazaki, y le dijo al presidente del tribunal, César San Martín, que apelará la sentencia.

"Señor presidente, interpongo recurso de nulidad", dijo Fujimori, fórmula para señalar que recurrirá a la apelación.

El juez San Martín señaló que se habían probado crímenes de homicidio calificado y secuestro agravado, que configuran "según el derecho internacional, crímenes contra la humanidad".

Fallo

Fujimori fue declarado este martes culpable de violaciones de los derechos humanos, señaló el juez principal del tribunal que lo procesó, César San Martín, en el inicio de la lectura de un fallo que se anticipa extenso.

"Los cuatro cargos objeto de imputación se encuentran probados, más allá de toda duda razonable, por consiguiente la sentencia que se emite es condenatoria", dijo el juez.

En ese momento se escucharon gritos de aprobación de los familiares de las víctimas que se encontraban en la sala.

Al final de la lectura de las motivaciones del fallo se conocería a cuántos años de prisión será condenado el ex mandatario de 70 años, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000.

En 2000 renunció a la presidencia mediante una carta enviada por fax cuando había viajo a una cumbre en Brunei, en momentos en que en Perú se destapaban hechos de corrupción que involucraban a su principal asesor, Vladimiro Montesinos.

Los cargos por los que es juzgado el ex mandatario son la de ser autor intelectual de la matanza del distrito limeño de Barrios Altos en 1991, donde murieron 15 personas, y de la matanza en la Universidad de La Cantuta en 1992, donde resultaron muertos nueve estudiantes y un profesor.

Igualmente Fujimori es procesado por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti, corresponsal por entonces del diario español El País, y del empresario Samuel Dyer, quienes fueron llevados a los sótanos del Servicio de inteligencia del Ejército.

La Fiscalía había pedido 30 años de prisión para Fujimori por estos cargos.

De antemano el abogado defensor de Fujimori, César Nakazaki, había señalado que en caso de que su cliente fuera condenado, apelaría la decisión.

Si se apela el fallo, será un tribunal de cinco jueces de la Corte Suprema los encargados de ver el caso, que debería ser resuelto a más tardar en los próximos cuatro meses.

La sede del tribunal, instalado en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía al este de Lima, es objeto de fuertes medidas de seguridad, mientras decenas de fujimoristas en sus cercanías gritan consignas de apoyo al ex presidente.

También llegó hasta esta sede una marcha de familiares de las víctimas de las dos matanzas.

Unos 10,000 policías fueron puestos en estado de alerta desde este lunes hasta el miércoles ante posibles desórdenes de partidarios o adversarios del ex mandatario, informó el general de la policía Carlos León Romero.

El lunes, el presidente Alan García había pedido a los peruanos respetar la decisión del tribunal.

Antes de conocerse la sentencia, la congresista Keiko Fujimori, hija del imputado, señaló que una condena "demostraría lamentablemente que la promesa de justicia fue una mentira y que vez de un juicio jurídico a mi padre se le sometió a un juicio político y mediático".

"Este juicio ha sido impulsado por los perdedores de quienes fueron derrotados por las políticas exitosas de nuestro gobierno", agregó.

El ex mandatario señaló en todo momento durante el juicio que no había una política de "guerra sucia" durante su gobierno, que fue el argumento de la Fiscalía, finalmente acogido por el tribunal.

Grupos de derechos humanos y familiares de las víctimas, en cambio, insistieron por años en que el Estado a cargo de Fujimori violó las garantías ciudadanas en su propósito de combatir a los grupos rebeldes.

Fujimori tiene pendientes cuatro acusaciones más por corrupción, pero este caso de derechos humanos es el más importante pues desnuda una época de Perú marcada por la violencia de las guerrillas Sendero Luminoso y MRTA y una respuesta del Estado que supuso violaciones de los DD HH.